http://www.pacocol.org/Bogotá-El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT denunció mediante c o m u n i c a d o d e p r e n s a que más de 4 millones 500 mil trabajadores resultaron afectados por la sentencia de la Corte Constitucional. Sostiene el ejecutivo de la central obrera que el alto tribunal se lava las manos con fallo de exequibilidad a la ley 789 de 2002.
Asegura la dirección de la CUT que la sentencia de la Corte Constitucional donde declara como cosa juzgada la exequibilidad de los cuatro artículos de la reforma laboral-(Ley 789 de 2002), es un fallo que va en contravía de los intereses de los trabajadores del país.
La Corte Constitucional desconoció los pronunciamientos del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón y de los Magistrados, Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo Rentería, que atendían las razones soportadas por el estudio del CID de la Universidad Nacional sobre la Ley 789 donde aseguraban que la reforma laboral no había generado empleo y que por tal motivo debía ser derogada; en palabras de éste ultimo magistrado. Es claro que después de 4 años no se cumplieron esos objetivos, sostienen.
La sentencia de cosa juzgada del alto tribunal es tan controvertible como es el hecho de no discutir las ponencias que buscaban la inconstitucionalidad, además de que se presentaron dos salvamentos de voto y dos precisiones de los Magistrados Manuel José Cepeda y Jaime Córdoba que evidencian que la Corte Constitucional evitó un falló de fondo y lo convirtió simplemente en una forma de lavarse las manos.
La CUT sostiene que quedan en firme la reducción de pagos, horas extras, dominicales y festivos, así como el recargo nocturno y la tabla indemnizatoria por despido sin justa causa, lo que afectaría a un promedio de 4.500 mil trabajadores.
El documento lo firma Fabio Arias, del ejecutivo nacional quien advierte que los trabajadores perdieron la posibilidad de recuperar 3 billones de pesos anuales y los seguirán perdiendo. Los trabajadores de los sectores de la vigilancia, la salud, las manufacturas y los establecimientos públicos como restaurantes y centros comerciales seguirán viendo reducidos sus ingresos hasta en un 36%.
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