Fuerzas vivas del Caquetá condenan asesinatos contra dirigentes políticos y sociales

Fuerzas vivas del Caquetá condenan asesinatos contra dirigentes políticos y sociales
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Florencia- El agravamiento de la situación en materia de derechos humanos mantiene preocupados a los habitantes del Departamento del Caquetá, al sur de Colombia, donde durante las últimas semanas se han presentado asesinatos como el del señor Carlos Burbano, vicepresidente del sindicato de trabajadores del hospital del municipio San Vicente del Caguán, quien había sido organizador de la marcha de las víctimas de crímenes de estado el 6 de marzo y cuyo cadáver fue encontrado en un basurero con señales de tortura y el asesinato del señor Elser Endo, concejal municipal de El Doncello por el partido Colombia Democrática, ocurrido en su residencia, crímenes que como muchos de los ocurridos en tierras colombianas, permanecen sin esclarecer, en la más completa impunidad. Desde meses atrás los voceros de Juntas de Acción Comunal venían señalando ante las autoridades y opinión pública el país y la comunidad internacional las difíciles circunstancias que tienen que soportar los habitantes de los diferentes municipios, corregimientos y veredas por la confrontaciones armadas en el marco del conflicto interno y como consecuencia de las operaciones militares en gran escala adelantadas por la fuerza pública, especialmente las pertenecientes a los batallones “Diosa del Chairá”, “Héroes del Guepi” y la VI División, tropas militares adscritas a la XII Brigada del Ejercito colombiano con sede en Florencia, capital del Caquetá.

Según consta en documentos remitidos por las organizaciones comunales del Caquetá al Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH- el campesinado de las veredas Bolivia, Primavera, Buenos Aires del Suncillas, Buenos Aires de Unión Peneya, Santa Marta y Brasilia, pertenecientes a la Inspección Bolivia, área rural del Municipio Montañitas, resultaron afectados el 10 de enero en medio de operativos militares de una patrulla adscrita al Batallón “Héroes del Guepi” al mando de un subteniente de apellido González, donde supuestamente hubo detenciones y ocurrió el asesinato del joven Osias Tapiero, a quien los oficiales presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”, siendo que es una persona socia activa de la junta comunal de la vereda Altamira y muy conocido en la región.

Las Juntas de Acción Comunal alertan por el comportamiento de las tropas oficiales fuera de las normas constitucionales y del derecho internacional humanitario. Las comunidades en mención exigen que los organismos investigativos esclarezcan estos hechos lamentables y señalan al gobierno nacional del presidente Uribe Vélez como responsable de las violaciones al derecho a la vida por la aplicación de la errática política de la “seguridad democrática” que lo ha implantado en el campo es desolación y muerte para los campesinos.

Pronunciamiento del Polo democrático

La dirección departamental del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo – PDA- se pronunció con relación a la delicada situación de orden público que vive el Caquetá y especial por los últimos crímenes ocurridos en San Vicente y El doncello, haciendo un llamado a las autoridades regionales, locales, a la iglesia, partidos políticos y organizaciones sociales y comunitarias para exigir el cese a los actos violentos que atentan contra el derecho a la vida de los ciudadanos y a establecer vías de diálogo y entendimiento entre las partes en conflicto para superar el clima de confrontaciones armadas.

Héctor José Valencia, Secretario General del PDA en Caquetá, señaló que la situación política del departamento se caracteriza por la tendencia al agravamiento, al escalamiento del conflicto armado, por las operaciones militares en medio de grandes operaciones y enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El dirigente del polo sostiene que estas confrontaciones generan desplazamientos de pobladores y causan mucho pánico y temor en la región, los campesinos denuncian la práctica de las ejecuciones extrajudiciales sin que se determinen los responsables frente a esas anomalías.

El panorama de la población agraria en esta parte de Colombia es desolador, los campesinos, además de ser sometidos a la exclusión social, económica y política se le adiciona esa carga de hostilidad por el conflicto ya que permanentemente por parte de algunas autoridades son señalados como “auxiliadores de las guerrillas de las FARC” por el solo hecho de vivir en áreas rurales de municipios con histórica presencia insurgente como San Vicente de Caguán, Montañitas y Cartagena del Chairá.

Históricamente, de acuerdo a las denuncias presentadas ante organizaciones de defensores de derechos humanos, el departamento del Caquetá ha sido sometido a una sistemática violación de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Un importante estudio desarrollado por el Centro de Investigaciones para la Educación Popular –CINEP- y publicado en el libro “Muerte y Tortura en el Caquetá” cuyos relatos y testimonios así lo confirman. Pero durante los últimos años ha existido el agravante de que el departamento fue convertido, junto a al Putumayo, Guaviare, Meta, Huila y otros en epicentro de las operaciones del denominado “Plan Patriota”, diseñado, financiado y ejecutado con asesores y mercenarios norteamericanos, durante dichas acciones se ha incrementado la conformación de los grupos paramilitares y las violaciones a los derechos fundamentales, especialmente desde los años 2001-2002.

Autoridades no escuchan clamor del pueblo

Los caqueteños han realizado importantes encuentros por los derechos humanos en la región del Caguán con asistencia de delegaciones de la mayoría de las poblaciones rurales y delegados de organizaciones de derechos humanos del país, lamentablemente en dichos foros no han estado presentes voceros de las instituciones gubernamentales, aunque han sido invitadas por los coordinadores. Integrantes de la delegación de las comunidades caqueteñas que asistió al IV encuentro nacional de víctimas de crímenes de estado realizado del 6 al 8 de marzo en Bogotá insistieron en lograr la presencia de organismos nacionales e internacionales en las zonas rurales del departamento a fin de constatar sus denuncias y reclamaciones.
La dirección departamental del partido Polo Democrático Alternativo – PDA- y voceros de las comunidades ratificaron su compromiso de seguir trabajando unidos por la paz duradera y por el acuerdo humanitario. Piden que sean investigados todos los hechos y se aplique la verdad, justicia y reparación.

Indicó Héctor José Valencia, Secretario General del PDA en Caquetá que desde el polo hacen un llamado al gobernador departamental Luis Cuellar para que ahora que está en pleno proceso de aprobación del plan de desarrollo regional para que uno de sus principales ejes sea no solo la tan pregonada gobernabilidad sino que se construya una cultura de paz democrática capaz de imponer la justicia social, democracia autentica y la verdad. También invita a la iglesia católica y demás sectores cristianos para que jueguen un papel más protagónico y de mayor compromiso escuchando el clamor de los habitantes.

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