Por Álvaro Angarita
Bogotá, abril 23 (Semanario VOZ). Fogoso debate sobre libertad sindical se efectuó el martes 15 de abril en la plenaria del Senado de la República, citado por los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo, PDA, Gloria Inés Ramírez y Luis Carlos Avellaneda. Candentes intervenciones acompañadas de la presentación de contundentes estadísticas precisaron la responsabilidad del Gobierno en un plan de exterminio del movimiento sindical colombiano, relacionado con el paramilitarismo, la parapolítica y la proliferación de cooperativas de trabajo asociado, que cercenan el derecho de asociación. Los citantes lograron comprobar sus afirmaciones y acorralar al ministro de Protección Social Diego palacios Betancourt, que al final no pudo desvirtuarlas.
Financiadores de la guerra sucia
La senadora Gloria Inés Ramírez, quien denunció que la política de seguridad democrática reedita viejas concepciones de la Doctrina de Seguridad Nacional y promueve la impunidad, denunció la violación sistemática de los derechos fundamentales de asociación, petición y huelga y puso al descubierto las empresas nacionales y multinacionales comprometidas con los paramilitares y la guerra sucia contra el sindicalismo. La mayoría de estas empresas han sido mencionadas ya por los cabecillas de los “paras” en los juicios de la parapolítica. Son ellas: Drummond, Postobón, Bavaria, Hjundai, Carbones del Caribe, Vikingos, Palmicultores del Magdalena, Cafeteros de la Sierra Nevada, Carboneras del Cesar, Ecopetrol, Prodeco, Pizano, Maderas del Darién, Madereras de la Cuenca del río Truandó, Brasilia, Copetrán, Transportadores de Carbón, Corcel, Club Vacacional Mendihuaca Caribbean Resort, algunos contratistas de Gases del Caribe, Chiquita Brands, Dole, Probán, Del Monte, Bancol, Unirán y Sociedad Emilia Hasbún & Cia.
Sindicalismo en descenso por persecución
Según precisó, los trabajadores sindicalizados en Colombia representan tan sólo el 4.7 por ciento del total de la fuerza laboral ocupada que asciende a 18 millones de personas. Cifra que disminuye a diario, a causa de la hostilidad antisindical del Gobierno que inspira falsas relaciones como la vinculación del sindicalismo al concepto de terrorismo e insurgencia, facilitando la guerra sucia y la muerte. Denunció que entre 1986 y 2007 se produjeron 42 allanamientos ilegales a sedes sindicales, 3.628 amenazas, 207 atentados, 144 desapariciones forzadas, 1.399 desplazamientos forzados, 549 detenciones arbitrarias, 228 hostigamientos, 2.570 homicidios, 163 secuestros de dirigentes y activistas sindicales y 43 torturas, para un total de 8.973 violaciones. Gloria Inés puntualizó amparada en estadísticas de la Escuela Nacional Sindical, ONG y centrales obreras que en el 2002 se produjeron 186 homicidios de líderes obreros sindicalizados, en el 2003 un total de 94, en el 2004 un total de 96, en el 2005 un total de 70, en el 2006 un número de 72, en el 2007, un número de 39, incluyendo a educadores y campesinos y en el 2008 un total de 16, para un total global de 573. En las estadísticas del Gobierno, los asesinatos llegan apenas a 233 en total. La senadora logró comprobar con nombres propios la veracidad de sus cifras.
Gobierno promueve el antisindicalismo
Sostuvo Gloria Inés que desde el alto gobierno se promueve la deslaboralización y tercerización de la contratación, de los tribunales de arbitramento, de los contrapliegos patronales, de los pactos colectivos paralelos a las convenciones colectivas y las restricciones a los servidores públicos, al igual que la burla al ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Manifestó también que el asesinato de sindicalistas no es un simple reflejo del conflicto armado, sino que está ligado directamente con el ejercicio de los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga. En esa dirección citó una frase perversa pronunciada en el año 2001 por el cabecilla paramilitar Carlos Castaño: “¿Ataques ciegos nosotros?, ¡nunca!. ¡Siempre hay una razón!. Los sindicalistas por ejemplo. ¡Ellos le impiden a la gente trabajar!. ¡Por eso los matamos!”. Según la parlamentaria, la mayoría de las violaciones de los derechos humanos de los sindicatos se encuentran ligados a conflictos laborales como paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos. De acuerdo a cifras de la Central Sindical Internacional, Colombia participa entre el 57% - 88% del total de asesinatos de sindicalistas ocurridos en el mundo, lo que ubica al país como el más peligroso para ejercer la actividad sindical.
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