sábado, 31 de mayo de 2008

EL GOBIERNO DE LA “PARAPOLÍTICA” CONDENA POR ANTICIPADO

En su visita a Pereira el día 23 de mayo del presente año, el Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, se refirió a la decisión del Fiscal General de la Nación de ordenar que se compulsen a la Corte Suprema de Justicia copias de los documentos supuestamente hallados en los computadores de “Raúl Reyes” en los que se menciona a los congresistas Piedad Córdoba Ruíz, Wilson Borja Díaz y a mi, así como de iniciar investigación sobre un grupo de ciudadanos nacionales y extranjeros cuyos nombres también aparecen en esos documentos.
Las informaciones publicadas al día siguiente por el diario La Tarde, recogen, entre otras afirmaciones del Ministro, las de que “se habían demorado en empezar a mirar esa otra parte de relaciones entre políticos y guerrilleros”, que “el país necesita que se limpie toda esa conectividad entre política y criminalidad organizada”, que “ellos (la oposición) están felices cuando los que van a la cárcel son otros sectores políticos y que se rasgan las vestiduras como perseguidos, mártires y amenazados, cuando son ellos los que son objeto de providencias judiciales”, que “se debe aclarar quiénes fueron, a qué fueron y por qué” y que “el Polo Democrático se reunirá y tomará sus decisiones y asumirá su responsabilidad política”.
El mismo periódico había publicado al día anterior unas declaraciones del Ministro del Defensa, Juan Manuel Santos, en las que decía que “si alguien resulta cómplice de grupos terroristas que le caiga todo el peso de la ley” y afirmaba que “nosotros sabíamos de es información, inclusive antes”.
Esta colección de sandeces demuestra a las claras el cinismo de un gobierno que tiene a más de 50 de sus congresistas procesados por la “parapolítica”, alrededor de la mitad de estos en la cárcel y algunos ya condenados, al tiempo que enfrenta otro proceso, el de la “Yidispolítica”, que compromete nada menos que la legalidad de la reelección anterior del Presidente Uribe y que, sin embargo, pasa de agache estos hechos gravísimos y se dedica a pontificar sobre la pulcritud política y, lo que es peor, a señalar como culpables a quienes apenas figuran en unos documentos que, aún en el caso de que existan, fueron adquiridos de manera ilegal, violando la soberanía de un país hermano y carecen de validez jurídica por no haberse sometido a la cadena de custodia que según la ley debe amparar este tipo de pruebas.
En contraste con el diario La Tarde, que se limita a reproducir las palabras del Ministro, en el Diario del Otún aparece, en la edición del 24 de mayo, una columna en la que dice que “era difícil pensar… que allí no hubiera ninguna persona vinculada con la guerrilla y con su brazo económico, el narcotráfico”, para concluir que “no puede sorprender a nadie que en el PC de uno de los máximos jefes de las FARC, hayan aparecido suficientes evidencias que confirman la vinculación de miembros del Congreso, periodistas e importantes dirigentes políticos nacionales con el grupo armado”.
Como ocurre generalmente con los áulicos del régimen descompuesto que nos rige, el articulista no se limita a “confirmar” nuestra culpabilidad, sino que tiene la osadía de vincularnos con el narcotráfico, en una demostración clamorosa de su falta de responsabilidad y de ética periodística. En mi caso, hasta ahora no se me ha llamado a ninguna diligencia judicial no he sido notificada de ningún cargo, pero para los “demócratas” de la “parapolítica” soy culpable y debo ser condenada.
Ante esta infame campaña de mentiras y calumnias que vulneran mi derecho fundamental al debido proceso, al buen nombre y a la honra, afirmo de manera terminante que jamás he utilizado armas, ni he acudido a métodos violentos de lucha, ni he asesorado a grupos armados; que nunca conocí personalmente a Raúl Reyes ni tuve con él ningún tipo de contacto; que siempre he actuado de cara al país apelando únicamente a la fuerza de las ideas y los argumentos.
En mi condición de Presidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República e integrante del Consejo Nacional de Paz, he trabajado en defensa de la libertad, los derechos humanos y la vida; por la salida negociada al conflicto y el intercambio humanitario, porque son causas que corresponden a mis principios éticos y a mis convicciones políticas e ideológicas.
He sido durante muchos años militante de izquierda y dirigente sindical, comprometida con los intereses y aspiraciones de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los campesinos e indígenas y de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde mi posición en el Congreso de la República, como parte de la bancada del Polo Democrático Alternativo, he participado en todo tipo de debates de control político al gobierno, he presentado o coadyuvado iniciativas que benefician a los sectores que represento, y por supuesto, he sido opositora al régimen guerrerista, despótico y mesiánico de Uribe Vélez, que pretende hacerse reelegir nuevamente.
De ninguna de esas actuaciones me arrepiento ni voy a renegar, mucho menos cuando he recibido un caudaloso respaldo nacional e internacional de numerosas organizaciones y personas a las cuales agradezco infinitamente porque su aliento me estimula a continuar en la lucha.
Responderé ante la justicia con la misma entereza que ha caracterizado todos los actos de mi vida.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA


Pereira, 30 de mayo de 2008

Constancia sobre violación contra el derecho a la huelga

CONSTANCIA
Quiero dejar constancia de la violación legal cometida en contra del derecho de huelga promovida por el mismo Gobierno Nacional. Las razones que me llevan a dejar esta constancia las puedo sintetizar de la siguiente manera.
La OIT ha reconocido que la huelga es un mecanismo esencial del que disponen los trabajadores y sus organizaciones en la promoción y la defensa de sus intereses profesionales, lo que implica la posibilidad de utilizar este mecanismo como herramienta legítima de protesta en contra de las decisiones políticas de contenido socio económico, relativas, entre otros temas, a la política de empleo, seguridad social, condiciones de vida de los trabajadores. Lo anterior significa que restricciones como la existente en el artículo 450 acerca de la imposibilidad de ejercer el derecho de huelga por fines distintos a los meramente económicos, contraviene el sentido de las decisiones de la OIT

El sólo hecho de entregar al juez laboral la competencia en la solución de los asuntos relacionados con la legalidad o ilegalidad de la huelga no es suficiente. En apariencia mucho se avanza entregándole la función al juez laboral de calificar la legalidad o ilegalidad de una huelga, no obstante este paso no es suficiente si el juez laboral sigue valorando este tipo de controversias con las mismas causales restrictivas contempladas actualmente en el Artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así lo ha manifestado la OIT en la recomendación 542 del Comité de Libertad Sindical: “La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical.”
Desde 1993, hace 15 años, la OIT le está diciendo a Colombia que dos de los problemas centrales en materia de huelga, están constituidos por la imposición de un arbitraje obligatorio y por la ausencia de definición del concepto de servicios esenciales. De acuerdo a esto último, en Colombia se viola el derecho de huelga con el patrocinio de la misma legislación, que restringe el derecho en una amplia gama de servicios que no son esenciales en el sentido estricto del término. Pese a la claridad de estos señalamientos, Colombia aun se abstiene, sin fundamento alguno, de reconocer el derecho de huelga y negociación colectiva a empleados públicos.

En el Informe 348 del Comité de Libertad Sindical, publicado en Noviembre de 2007, resalta un aspecto que el Gobierno Nacional le está ocultando al país: La OIT le ha recomendado a Colombia que modifique el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de permitir la huelga en el sector del petróleo, observación que Colombia ha ignorado deliberadamente.

No es cierto, como lo afirma el Ministerio de Protección, que el Estado pueda acoger algunos criterios de la OIT en cuanto al derecho de huelga y otros no, pues está vulnerando el principio de interdependencia. Los criterios del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT son interpretaciones auténticas de los convenios 87 y 98 de la OIT. Su correcta interpretación y aplicación pasa por reconocer el pleno de condiciones establecidas para su efectiva garantía. Ningún argumento tiene el Ministerio para decir que algunas de las afirmaciones de la OIT las acepta y otras no, tan sólo el capricho y la falta de voluntad real por el reconocimiento del derecho de huelga es lo que motiva al Gobierno a decir que acepta parcialmente los criterios de la OIT.

Una de las obligaciones del Estado es la de establecer algún tipo de regulación, sin la cual el ejercicio de un derecho no tiene sentido. Lo que significa que sin normas que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de huelga esa libertad no existe realmente. Esta tesis implica que no basta con asignar a los jueces la facultad de juzgar sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, sino disponer que su ejercicio se encuentre libre de obstáculos que terminen sacrificando el derecho, especialmente dada su intrínseca relación o interdependencia con el derecho de asociación.
Lo que significa que de nada sirve permitir la existencia del sindicato si no se le garantiza los derechos connaturales a él como son la negociación para mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados y la huelga como mecanismo legítimo de presión para garantizar sus derechos. Si no se establecen normas concretas que garanticen el derecho de huelga el Estado está desconociendo la libertad de ejercer esta garantía, pero además la libertad de asociación.

Lo que sucedió ayer en el trámite del proyecto de ley en materia de huelga, en el que a última hora se le incorpora una trampa a la Libertad Sindical, dotando al presidente de super facultades para restringir el derecho, representa el verdadero espíritu de este régimen autoritario y enemigo de los derechos y de la libertad de expresión. Facultades arrogadas a último momento develan el talante antidemocrático y opresor de este gobierno, para el que el derecho de huelga, la protesta y el ejercicio del derecho a disentir, son delitos cometidos por los enemigos de la paz, discurso con el que pretende llevar al país a una confrontación mayor de la que ya padece.

Es cierto que la Ley 48 de 1968 ya otorgaba una facultad excepcional al Presidente de la República, como era la de ordenar la cesación de la huelga en cualquier momento, pero esta es una facultad excepcional, que hasta la fecha, 40 años de su aprobación, rara vez ha sido utilizado en el país. Es de anotar, que esta facultad es tan excepcional, que para su ejercicio se requiere previo concepto favorable de la Corte. Todo esto deja ver con facilidad, que se trata de una facultad excepcional, la cual, lejos de ser ratificada debió haber sido derogada por el legislador, ya que una facultad semejante vulnera la libertad sindical, especialmente porque atribuye a la máxima autoridad del gobierno nacional la facultad de determinar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Está visto que la huelga no es un derecho que le guste a Uribe y su régimen autoritario, como obviamente no le gusta a los empleadores, enemigos de los derechos fundamentales de los trabajadores. Este proyecto es simplemente una fachada, sólo retórica, para mostrar a los demócratas en Estados Unidos que aquí si se garantiza el derecho de huelga cuando la realidad es muy distinta. Estoy de acuerdo con lo que en la plenaria de ayer sostenía el senador Juan Manuel Galán, pero agregaría, la doble moral no es sólo norteamericana, la doble moral comienza por la incapacidad de tramitar reformas que realmente garanticen los derechos fundamentales, esa es la moral del Gobierno Uribe.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

jueves, 22 de mayo de 2008

OTRO EX CONGRESISTA TOLIMENSE DETENIDO POR PRESUNTOS NEXOS CON PARAS

Por Nelson Lombana Silva

El ex presidente de la cámara de representantes por el departamento del Tolima, Emilio Martínez Rosales, fue puesto preso el 20 de mayo, por unidades del cuerpo técnico de investigaciones, CTI, de la fiscalía, acusado de concierto para delinquir y de haber pagado 200 millones de pesos a los paramilitares del bloque tolima para que cometieran una masacre en la vereda la Chamba, municipio de Guamo en 2001 y de paso, protegieran a sus candidatos en diversos municipios del centro y sur de este departamento.


La detención se produjo a las siete de la noche cuando ingresaba a ibagué, en el sector de Mirolindo, acompañado de su hermana parlamentaria y varias personas más. El dirigente de cambio radical, movimiento de bolsillo del Álvaro Uribe Vélez, fue solicitado por la fiscalía sexta especializada, sindicado por cuatro paramilitares.


El diputado por este movimiento, Mauricio Alvarado, se hizo presente en la fiscalía para solidarizarse con su jefe y de paso criticar la determinación del ente investigador.


Con Emilio Martínez Rosales, se incrementa el número de parlamentarios tolimenses salpicados de la parapolítica, por sus nexos con los paramilitares y el narcotráfico. Ya están detenidos los senadores Luis Humberto Gómez Gallo, Carlos Armando García Orjuela; los representantes Pompilio Avendaño y Ramiro Devia.


Ibagué, mayo 21 de 2008


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lunes, 19 de mayo de 2008

VIVIENDA: PRIORIDAD DE LOS COMUNISTAS


Por Nelson Lombana Silva

La lucha por la vivienda para los sectores desprotegidos del régimen capitalista en nuestro país, ha sido una constante del partido comunista colombiano, desde su fundación el 17 de julio de 1930. Duras batallas ha librado al lado del pueblo, soportando con dignidad y firmeza, el asesinato de camaradas, detenciones arbitrarias, desplazamientos, persecuciones y estigmatizaciones.

Producto de esta lucha en tan importante ramo se cristaliza con la creación de la central nacional provivienda, CENAPROV, el 5 de mayo de 1961, la cual jugó (y juega) papel protagónico en la resistencia popular del pueblo colombiano.

Muchos barrios en diversas ciudades del país se levantaron al calor de esta lucha. En el caso particular de Ibagué, Tolima, por ejemplo, barrios como el Calarcá, Ignacio Villamarín, el Yuldaima, el Yunque, el Restrepo, Santa Bárbara, 20 de Julio, Galarza, fueron fruto de la recuperación de tierras (invasiones), de la decisión estoica de los destechados liderados por el partido comunista.

Desafortunadamente, la ONG CENAPROV cayó en manos de seudo comunistas, oportunistas, que traicionaron la lucha popular y la filosofía del partido. Fue una época oscura, de la cual poco a poco va saliendo con nuevas energías, con visión renovada y espíritu revolucionario.

El partido comunista perdió la brújula en estos barrios, unas veces por la represión militarista, el terrorismo de Estado, el paramilitarismo y en otras, por nuestros propios errores, falta de continuidad, organización y liderazgo. Por eso hoy, la inmensa mayoría de habitantes de estos barrios, desconocen la lucha que hubo que librar el pueblo para tener lo que se tiene hoy.

Muchos camaradas que libraron duras batallas, una vez tuvieron su vivienda la vendieron, o sencillamente, abandonaron la lucha revolucionaria y pensaron que el fin era ese.

Con base en esa rica experiencia, la central nacional provivienda, se erige hoy por el camino de la resistencia y de la lucha nuevamente, pues es una necesidad prioritaria en nuestro país. Cálculos señalan que hay un déficit de vivienda que supera las 328.280 a nivel departamental, dice el camarada Campo Leonel González.

Los comunistas, alentados por la ideología científica Marxista – Leninista, proponen un trabajo de vivienda integral. Es decir, no es únicamente la vivienda como tal. Hay una visión mucho más amplia, concreta y objetiva, pues al calor de esta lucha, hay que librar la lucha por la educación, la salud, el trabajo, la unidad, la paz con justicia social, la salida política, el intercambio humanitario, el desarrollo del Polo Democrático Alternativo y desde luego, el crecimiento del partido comunista.

Por eso, la propuesta de CENAPROV no es propiamente conseguirle la casa al necesitado, es orientarlo, acompañarlo en el proceso, conseguir en comunión los mecanismos para que el Estado responda a esa sentía necesidad. Es decir, que el interesado (damnificado) debe liderar el proceso, marcar la pauta, pues el paternalismo, el facilismo no nos lleva a "ningún Pereira", dice el adagio popular.

Con gran expectativa el partido comunista del tolima retoma esta tarea con el mayor entusiasmo y responsabilidad. El sábado 17 de mayo, se llevó a cabo en ibagué un conversatorio sumamente importante con el vicepresidente nacional de CENAPROV, Francisco Castiblanco, quien explicó detalladamente la nueva filosofía y ejes de trabajo de esta ONG.

Se constituyó un comité provisional con el fin de dar los primeros pasos en la materia. En ese sentido los compañeros y compañeras que no tengan vivienda y quieran lucharla pueden acudir a la sede del partido en ibagué para buscar más y mejor información.

Hay que luchar por los derechos del pueblo, hay que romper con el pesimismo en que nos ha metido el capitalismo y el narcoparapresidente Uribe; es más digno morir peleando que morir arrodillado. La lucha por la vivienda es un medio de avanzar en la construcción de la nueva sociedad socialista. Adelante.

Ibagué, mayo 19 de 2008

DECLARACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DECLARACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Delegaciones de las cuatro sedes de la Universidad Nacional de Colombia reunidos en la sede Bogota los días 17 y 18 de mayo de 2008, discutimos la situación actual del movimiento universitario ante la crisis que vive hoy nuestra universidad y tomamos las siguientes definiciones:

1.-Ratificar las exigencias consignadas en el pliego nacional que ha venido demandando el movimiento universitario de la Universidad Nacional en los últimos meses y en razón a ello mantener la anormalidad académica, exigiendo la derogatoria del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008. Un Acuerdo que fue impuesto a la comunidad universitaria, desatendiendo la voluntad de la comunidad académica que clama por la construcción democrática de las reformas que determinan el futuro y el rumbo de la Universidad Nacional. El contenido de este Acuerdo profundiza la política privatizadora y con ello la exclusión y la desigualdad que promueve e ha venido imponiendo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo los contenidos de la llamada “Revolución Educativa” que precisamente busca adecuar la educación superior a los requerimientos de las transnacionales y de las universidades corporativas.
2.-La Asamblea propone a través del consenso de las cuatro sedes, impulsar un plebiscito de carácter vinculante que se configure en el elemento derogatorio del Acuerdo. Es indispensable que en una universidad que se reclama democrática, las principales determinaciones sean acogidas a la luz de las definiciones de la mayoría de la comunidad universitaria, en un ejercicio de deliberación y decisión publica, dando a la población universitaria la real dimensión de las implicaciones concretas de cada articulo y el sentido integral que relaciona los contenidos de estos artículos con el modelo de universidad que requiere Colombia. Por tanto es preciso que la construcción del estatuto sea un proceso democrático que recoja las propuestas elaboradas desde los semestres, las carreras y las facultades de todas las sedes de nuestra universidad. Un estatuto construido nacionalmente y convalidado por un plebiscito vinculante que le dará el carácter de obligatorio cumplimiento a las directivas de la universidad.
3.-Buscaremos a través de la comisión negociadora, restablecer la negociación con las directivas de la universidad en la reunión del próximo martes 20 de mayo en la sesión del Consejo Superior Universitario, para plantearles nuestra disposición de salir de la crisis actual a través de la propuesta que hemos esbozado. Consideramos que la universidad debe estar atenta a los legítimos reclamos del estudiantado, que ha manifestado permanentemente su rechazo a un estatuto estudiantil que promueve la restricción a los derechos fundamentales como los de la libertad de expresión, de asociación, la libertad de cátedra entre otros. El movimiento manifiesta así su disposición de sentarse a la mesa para encontrar caminos de acuerdo que permitan poner al centro los intereses de la universidad pública colombiana.
4.-El movimiento emprenderá acciones jurídicas y de resistencia civil necesarias para la promoción y convalidación del pliego nacional de exigencias. Por tanto en las distintas sedes se impulsaran movilizaciones, concentraciones y demás que aglutinen a la comunidad universitaria en función de hacer entender al CSU el revestimiento de las decisiones tomadas antidemocráticamente.
5.-La próxima semana se realizaran asambleas por facultades, asambleas generales en cada una de las sedes, en donde se abordaran especialmente los informes de la comisión nacional negociadora, el informe de la asamblea nacional de estudiantes de la universidad nacional y se construirá la agenda de movilización por sedes.
6.-Rechazamos las declaraciones del Rector Moisés Wasserman que han intentado legitimar acciones de represión contra el movimiento universitario, que pasan por anunciar militarización de las sedes, el adelanto de vacaciones o peor aun, la cancelación del semestre. Todos, pronunciamientos que son muestra fehaciente de la falta de voluntad política tanto de la administración de la universidad como de la misma incidencia del gobierno nacional en el atropello a la organización estudiantil y a los procesos democráticos. Responsabilizamos a las directivas en cabeza del rector Wasserman, por ser quienes tienen la posibilidad de declarar el cierre de semestre, y a sus determinaciones autoritarias, el costo político, social y económico, que una medida autoritaria de esa magnitud tendría para la Universidad Nacional de Colombia, costos que no se compadecen con la posibilidad de derogar del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008, en aras de la democracia en la universidad.
Bogota, 18 de Mayo de 2008

El Polo rechaza asesinato de Andrés Felipe Llano

*El joven dirigente de apenas 26 años fue asesinado anoche en el municipio de Cartago, Valle.

*El Polo exige del gobierno nacional respeto y garantías para el ejercicio de la oposición. El partido le exige a las autoridades dar con los autores intelectuales y materiales del crimen de Andrés Felipe Llano Calvo.

Sábado 17 de mayo de 2008

Anoche cuando salía del lugar donde trabajaba fue asesinado el joven dirigente del Polo, Andrés Felipe Llano Calvo, de 26 años de edad.

Los hechos se presentaron hacia la media noche en el municipio de Cartago, Valle. Andrés Felipe laboraba en la cadena de hipermercados Carrefour.

Andrés Felipe era un activista del “Polo Joven”, colectivo que agrupa a todos los jóvenes del partido a nivel nacional.

El Representante a la Cámara por el Polo en el Valle del Cauca, River Franklin Legro, anunció que en las próximas horas se reunirá con el Gobernador del Departamento y con las autoridades militares y de Policía, para exigir que este crimen no quede impune y para solicitar garantías para el ejercicio de la oposición en esa región del país.
El Polo Democrático Alternativo rechaza este nuevo asesinato contra uno de sus afiliados y emplaza al gobierno nacional para que se pronuncie y dé con los asesinos materiales e intelectuales de Andrés Felipe.

Las directivas del partido envían a sus familiares, amigos y compañeros, su voz de aliento y solidaridad.

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jueves, 15 de mayo de 2008

COMUNICADO A PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN DE COLTEJER



Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Una vez más los trabajadores son víctimas de la tesis impuesta en el capitalismo, según la cual se socializan los riesgos y pérdidas y se privatiza el éxito y las ganancias.
Coltejer ha entrado en un proceso en el cual ha ofrecido a sus trabajadores la posibilidad de capitalizar en la empresa con el fin de “salvar” de la crisis económica a esta histórica industria nacional. Para poder entender la complejidad de este problema debemos tener en cuenta algunos elementos históricos que no se pueden perder de vista, y evitar así los análisis inmediatistas y descontextualizados que se suelen hacer desde el gobierno nacional.
En primer lugar, es preciso recordar la crisis de la industria nacional vivida como consecuencia de las políticas de apertura económica implantadas en Colombia desde los primeros años de la década del noventa, política que generó la pérdida de competitividad y mercados de empresas nacionales que entraban a competir -en evidente desventaja- con la industria extranjera.
En esa situación, los empresarios nacionales comenzaron a adelantar gestiones para mitigar la crisis, al cabo de las cuales la alternativa preferida de los empresarios termina siendo la venta de la empresa. El caso Coltejer es muestra de esto. Ante la incapacidad mostrada por la administración por salvar la empresa, ahora Coltejer podría ser vendida a empresarios mexicanos que -al parecer- han supeditado el cierre del negocio a la liquidación del sindicato -y como es lógico- a la eliminación de los derechos convencionales de los trabajadores.
Desde allí, los empresarios de Coltejer han argumentado que la única forma de mantener con vida a la empresa es, de un lado, extinguir la convención colectiva de trabajo dados los altos costos operacionales de la empresa (900 dólares por trabajador); y del otro, que los trabajadores capitalicen en la empresa, sólo así, dicen las directivas, es viable el negocio y la continuidad de algunos de los contratos de trabajo.
Ante todo esto, la empresa ha convocado un plebiscito para que los trabajadores decidan “autónomamente” si desean continuar o no regidos por la convención colectiva de trabajo. La empresa ha sostenido que el 95% de los trabajadores votaron a favor de extinguir la convención, sin embargo, esto resulta cuestionable dado que, en primer lugar, esta formas de “plebiscito” convocado ilegal e irregularmente por el empleador no es un mecanismo contemplado por la ley para dar por terminado la convención colectiva de trabajo. En segundo lugar, es irregular dado que los trabajadores toman esta decisión bajo la presión de perder todos sus derechos y garantías por la liquidación de la empresa.
El sindicato se ha mantenido en su posición legítima y en el ejercicio de su derecho constitucional en la defensa de la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, lo que ha suscitado una fuerte polarización en la empresa -motivada por ella misma- para sacar provecho de la angustia padecida por los trabajadores.
Los empresarios han sostenido que los trabajadores podrían capitalizar aduciendo el ejemplo “exitoso” de Paz del Río. Sin embargo, lo que la empresa no dice es que el caso de Paz del Río es muy diferente, en tanto para esa empresa había un mercado asegurado, especialmente en China, país que compró prácticamente la totalidad del acero del mundo; en contraste, el mercado textilero es más competitivo y mucho más inestable, lo que implica un enorme riesgo para las empresas del sector.
Lo que aparece tras estos elementos es la tesis de la socialización de los riesgos y las pérdidas y la privatización de los éxitos y las ganancias. Cuando la empresa tiene rentabilidad las utilidades no son repartidas entre los trabajadores, pero cuando la empresa entra en situaciones de crisis económicas entonces los trabajadores tienen que hacer el esfuerzo para salvar la empresa.
Lo que la experiencia muestra es que al final de la renuncia a la convención colectiva de trabajo los resultados no son los esperados. De un lado, generalmente no se salva la empresa, y del otro, se reducen a tal nivel las indemnizaciones por despido que los trabajadores son despedidos sin ningún reparo por la empresa en la medida que ya se han abaratado los costos de despido.
Invito a pensar detenidamente los riesgos de renunciar a la convención colectiva de trabajo y a no caer en la trampa de falsos paraísos financieros que aseguran altas rentabilidades en un mercado volátil e inseguro a cambio de renunciar a los derechos laborales ciertos e indiscutibles.
Bogotá, D.C. 13 de mayo de 2008

viernes, 9 de mayo de 2008

En Quito: Encuentro Sindical continental saluda avances políticos de la región hacia la izquierda.


Bogota- Con éxito culminó en la capital ecuatoriana el Encuentro Sindical Nuestra América, cuyas deliberaciones durante los días 5, 6 y 7 de mayo concentraron los debates y las discusiones de los principales temas y preocupaciones de representantes sindicales de las centrales y federaciones sindicales del continente. Según informó Alfonso Velásquez, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT- a su regreso a la capital colombiana, en la ciudad de Quito se avanzó en el fortalecimiento del sindicalismo frente a varios desafíos como la privatización, la liberación comercial, imposición de valores - factores que generan la desigualdad y el deterioro de las condiciones laborales, además del desempleo.


En la reunión participaron diferentes corrientes del sindicalismo mundial de carácter clasista y firme defensa de los intereses nacionales agrupados en la Federación Sindical Mundial y otras organizaciones obreras independientes.


Velásquez informó que el certamen sindical congregó a cerca de 600 delegados de los cuales 137 eran provenientes de 22 países, entre ellos participaron 22 sindicalistas colombianos cuya delegación estuvo coordinada por él y por Jorge Gamboa Caballero, presidente nacional de la Unión Sindical Obrera de ECOPETROL –USO-.


La reunión expresó una rotunda condena al exterminio a que es sometido el sindicalismo colombiano en acciones de algunos empresarios, las empresas transnacionales y por el terrorismo de estado, cuya cifra de lideres asesinados supera los 24 sindicalistas caídos, cuyos crímenes permanecen en completa impunidad.


Según la convocatoria del encuentro los sectores obreros sindicalizados se reúnen en Ecuador ya que tienen que avanzar construyendo una nueva correlación de fuerzas. Sin embargo, el enemigo aún no ha sido derrotado para siempre, está al acecho y es poderoso. Por esa razón, hoy mas que nunca, es necesario fortalecer los lazos solidarios entre los pueblos y sobretodo, consolidar un mayor nivel de unidad sin exclusiones, de todos los sectores del movimiento obrero y de los trabajadores.


Amplio respaldo a gobiernos democráticos y revolucionarios
El encuentro surge también como oportunidad de agregar a todos los movimientos sociales que tienen una lucra común y que deben ser aliados naturales de los trabajadores. "Proponemos un nuevo sindicalismo que reúna y organice unitariamente a los trabajadores de manera autónoma de partidos, patrones y Estados", señala la convocatoria.


De acuerdo a la información suministrada por Alfonso Velásquez de la CUT de Colombia durante las deliberaciones los representantes del sindicalismo saludaron y respaldaron el surgimiento de nuevos gobiernos caracterizados como amigos de la clase pobre y trabajadora como el gobierno Bolivariano de Venezuela del presidente Hugo Chávez, el proceso boliviano liderado por Evo Morales, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Ecuador, donde las democracias populares se amplían y se fortalecen.


El movimiento sindical latinoamericano y mundial tiene que jugar un rol más protagónico en el combate al neoliberalismo y el imperialismo. Tiene que ser un sujeto social mas activo e importante en el respaldo a nuevos gobiernos alternativos y la construcción de modelos alternativos de desarrollo frente al capitalismo salvaje neoliberal, precisó Velásquez.


El Encuentro Sindical Nuestra América concluyó este miércoles en Quito con un gran acto realizado en respaldo a las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador que prohíben la tercerización e intermediación laboral.


La cumbre del sindicalismo clasista aprobó una declaración que establece la voluntad de impulsar la integración de los gremios y movimientos sociales latinoamericanos, en la cual además destaca la necesidad de las organizaciones gremiales de aprovechar la actual coyuntura en América Latina para unir a los trabajadores, recuperar fuerza y derrotar la reacción neoliberal.
Hace falta elevar el protagonismo de la clase obrera en la lucha en Latinoamérica de los movimientos sociales y elaborar agendas de movilizaciones y acciones comunes en el ámbito de cada país, señala el texto.


Entre las propuestas a desarrollar se mencionan la necesidad de globalizar el combate contra las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio que perjudican a los trabajadores y humillan sus derechos.


miércoles, 7 de mayo de 2008

Censura, falsa acusación de vocero de Álvaro Uribe Vélez y persecución a Iván Cepeda


Bogotá, mayo 6 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). A través de una carta de rechazo al diario El Espectador, donde cuestiona la condición de familiar de víctima y de víctima de Iván Cepeda y en que se le acusa de animar la violación de derechos humanos, el presidente Álvaro Uribe Vélez pretende desestimar, desvirtuar, ocultar, tergiversar las opiniones que uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado escribió el 3 de mayo de 2008 en su columna quincenal bajo el título: "La prueba es Montería".

El artículo del Defensor de Derechos Humanos se basa en su reciente visita a Montería. Allí escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que el discurso uribista en que se niega la existencia del paramilitarismo. En Córdoba está a la vista la persistencia de esta criminalidad en la Universidad de Córdoba, en la vida económica, social y política de la ciudad; en contraste la situación de las víctimas, sin mínimos derechos satisfechos, desalojados, despojados de toda condición material de vida digna.

No es la primera vez que se conoce de las propiedades colidantes de familiares o testaferros de los paramilitares y de Uribe; del desarrollo de obras carreteables a favor de Uribe o del nombramiento del Rector de la Universidad de Córdoba por orden de Mancuso o del poder económico y armado que esa casta regenta en la región. Sobre esta realidad del paramilitarismo ya había escrito Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronell. La situación de la Universidad ya había sido denunciada por Gustavo Petro.

No es la primera vez que esa verdad de a puño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que la casa de Nariño censura la libre expresión que sustentada con fundamento fácticos muestran las tinieblas que visten el poder presidencial.
Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador.

En segundo término niega la autoridad de quién escribe, Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos. Acaso, Uribe pretende ignorar que Iván es el hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado por fuerzas estatales en desarrollo de estrategias paramilitares. O el crimen de este dirigente nunca sucedió, es una invención de Iván.
O Uribe pretende olvidar que en la misma Casa de Nariño, al lado de más de una decena de defensoras de derechos humanos, reconoció que Iván era una víctima de violaciones de derechos humanos. O también pretende olvidar que Iván y su esposa, estuvieron exiliados por varios años en Francia debido a la persecución de que ha sido objeto por exigir Verdad, Justicia y Reparación Integral en el caso de su padre.

Pero yendo más de este absurdo de incoherencias oficiales, que pretende decir Uribe Vélez a través de su vocero de prensa, César Mauricio Velásquez, que olvida los preceptos evangélicos que escuchó en la Universidad de la Sabana y los códigos deontológicos que emuló y pretendió hacer respetar en el Círculo de Periodistas de Bogotá, cuando se afirma que es un "hostigador a que se violen los derechos humanos".

Si se lee con atención el artículo de Iván no se invita ni se promueve a que agentes estatales violen la ley, atenten contra los ciudadanos, contra la vida e integridad de personas. En la Casa de Nariño se han olvido que son los derechos humanos, pues para ellos, es claro que no existen En ningún momento se lee en el artículo una invitación a torturar, a desaparecer, a asesinar, a desplazar, a masacrar, a judicializar injustamente.

¿Por qué entonces esa reacción de Uribe?

Las respuesta de Uribe sobre el artículo de Iván es intimidatoria, nada persuasiva, como se ha referido al caso de Yidis Medina; es acusadora y tergiversadora como lo ha hecho en radio Caracol y RCN respecto al Movimiento de Víctímas de Crímenes de Estado por su participación en un acto de censura ante la solicitud de asilo de su primo hermano Mario Uribe; es manipuladora como lo ha hecho respecto a las recientes amenazas de muerte de los integrantes de Arco Iris que han investigado las relaciones entre paramilitarismo y política; es evasiva sobre la responsabilidad del Estado en la creación del paramilitarismo y la situación que hoy se vive en Córdoba y en el resto del país; es encubridora de las verdaderas pretensiones que hay detrás de la institucionalización del paramilitarismo y de la simulación de verdad histórica que se está construyendo en las "confesiones" de los comandantes paramilitares.

El presidente debe rectificar pues su respuesta además de ser un acto claro de censura, de falsa acusación es un nueva expresión de la persecución, que puede ser calificada de sistemática, a la que ha sido sometido Iván Cepeda y con él los y las defensoras de derechos humanos. Desde ya sabemos que es poco probable que la rectificación sea posible, pero no por esto cesamos en la exigencia del derecho a saber, el derecho a la verdad y a la justicia, como lo ha venido haciendo Iván Cepeda.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Polémica por visita de comisión de paz a Chávez


Polémica por visita de comisión de paz a Chávez

Elpais.com.co-Colprensa


Una nueva polémica se gesta en el Congreso por la propuesta que tiene lista la comisión de paz y acuerdo humanitario del Senado, para visitar al presidente venezolano, Hugo Chávez, con el propósito de escuchar, según la senadora Gloria Inés Ramírez, la experiencia del mandatario.

Pero la propuesta no gusta a la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, quien considera a título personal, que la visita es delicada “por la relación bilateral difícil de Colombia con Venezuela”.

Otro de los argumentos que esgrime la senadora es que el mandatario de los venezolanos ya no es facilitador del acuerdo humanitario y por eso no se entiende porque haya que reunirse con él. Dijo que se enteró por los medios de comunicación y que su colega no ha pedido la autorización correspondiente a la plenaria del Senado.
Lo cierto es que la visita ya se había anunciado por boca de la presidenta de la comisión de paz y acuerdo humanitario, Gloria Inés Ramírez y frente a la declaración de Gutiérrez, dijo “lo que pasa es que hay sintonía de intereses”. Sin embargo resaltó que la comisión reconoce que la política de paz está determinada por el Presidente pero que al legislativo le cabe una gran responsabilidad.
El encuentro con Chávez, dijo Ramírez, se debe a que él ha jugado un papel importante como mediador y “tiene una visión en el acuerdo humanitario y posibilidades para presentar caminos para que los secuestrados vuelvan a sus casas”.
Ya algunos congresistas han anunciado que no quieren encuentros con Chávez. Luego de una reunión de la bancada conservadora el vocero en la Cámara, le pidió al integrante de las toldas azules, Carlos Ramiro Chavarro, integrante de la comisión, abstenerse de asistir a ese encuentro.
En el partido de la U la dedición de asistir está en consulta y el propio representante Mauricio Lizcano, presidente de la comisión de paz de Cámara, dijo que esa era una iniciativa del Senado y que su partido “tomara una decisión el martes en reunión con los parlamentarios”.
La comisión compuesta por 18 senadores y 8 representantes a la Cámara tiene una hoja de ruta en al en la cual también piensan reunirse con los mandatarios de Ecuador, República Dominicana, Brasil, con integrantes de la embajada de Estados Unidos en Colombia y el martes, con el ex congresista liberado, Luis Eladio Pérez.
Así mismo la comisión de paz también busca una reunión con Unión Interparlamentaria para que apoye un acuerdo humanitario en Colombia.

domingo, 4 de mayo de 2008

Las violaciones en contra de la vida e integridad de los dirigentes sindicales no cesan


Exigimos la aparición con vida de Guillermo Rivera Fúneque
Gloria Inés Ramírez

Viernes 25 de abril de 2008


En un país en el que el Gobierno Nacional retóricamente insiste en mostrar avances respeto de la libertad sindical, los hechos dicen todo lo contrario y lamentablemente nos siguen dando la razón a los que denunciamos públicamente la intolerancia que existe contra el movimiento sindical y que irónicamente es promovida por el mismo Gobierno.


Esta vez el hecho lo constituye la repudiable y trágica desaparición de otro líder sindical. Se trata del compañero Guillermo Rivera Fúquene, economista funcionario de la Contraloría de Bogotá, Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá -SINSERPUB- y militante del Partido Comunista Colombiano por espacio superior a treinta años.


Los hechos se originaron el día 22 de abril en las horas de la mañana. Como todos los días, Guillermo dejó a su hija menor en la ruta de transporte que la debía llevar al jardín infantil y luego se dirigió al gimnasio donde cotidianamente se ejercitaba y al que nunca llegó. A partir de ese momento no se volvió a tener noticia de su paradero.


Exigimos una pronta atención de parte de las autoridades estatales para que el compañero Guillermo Rivera pueda regresar de inmediato a su hogar, su trabajo y sus actividades como dirigente político y sindical. No tiene presentación que el Gobierno Nacional insista en afirmar que la situación de violencia contra dirigentes sindicales en Colombia se ha reducido y este tipo de violaciones a los derechos fundamentales sigan ocurriendo cada vez con mayor frecuencia.


Bogotá D.C. 24 de abril de 2008

sábado, 3 de mayo de 2008

Develado atentado contra dirigente nacional de la USO

Develado atentado contradirigente nacional de la USO


Cartagena, mayo 3 (USO). Hoy dos de mayo fuimos informados oportunamente por parte de la Dirección de Seguridad de Ecopetrol, que de fuente confiable supo que se iba a realizar un atentado contra Daniel Rico Serpa, Secretario General de la Junta Nacional de la USO, en la ciudad de Cartagena.

Hoy dos de mayo fuimos informados oportunamente por parte de la Dirección de Seguridad de Ecopetrol, que de fuente confiable supo que se iba a realizar un atentado contra Daniel Rico Serpa, Secretario General de la Junta Nacional de la USO, en la ciudad de Cartagena, a donde viajaba el compañero el día de hoy, o en el trayecto de esta ciudad a Magangué, a donde finalmente se dirigía. Por esta información Daniel canceló el viaje, evitando este atentado contra su vida.

Se está fraguando un nuevo crimen contra el Sindicato, relacionado con la privatización de la refinería de Ecopetrol en Cartagena. Actualmente se está iniciando la implementación del Plan Maestro de esta refinería, que generará la más grande inversión de los últimos años en Colombia. Pensamos que a través de este hecho se quiere impedir que la USO haga respetar los derechos de los trabajadores que se vayan a contratar y que esta contratación se haga de la manera más transparente y sin que en ella tenga ingerencia cualquier grupo armado al margen de la ley.

Cada día se evidencia la reactivación de asesinatos y amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, hechas por los viejos-nuevos paramilitares, denominados “Águilas Negras” y nos preocupa que una vez más un dirigente de la USO corra riesgo con su vida, tal como sucedió en días recientes con Jorge Gamboa C., Presidente Nacional de la USO.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los sindicatos y sectores sociales para que se pronuncien en contra de esta amenaza y responsabilizamos al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a Daniel, a su familia o a cualquiera de los integrantes de la USO.

Junta Directiva Nacional de la USO

JORGE GAMBOA CABALLERO
Presidente

GERMAN OSMAN MANTILLA
Vicepresidente

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