Bogotá, mayo 6 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). A través de una carta de rechazo al diario El Espectador, donde cuestiona la condición de familiar de víctima y de víctima de Iván Cepeda y en que se le acusa de animar la violación de derechos humanos, el presidente Álvaro Uribe Vélez pretende desestimar, desvirtuar, ocultar, tergiversar las opiniones que uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado escribió el 3 de mayo de 2008 en su columna quincenal bajo el título: "La prueba es Montería".
El artículo del Defensor de Derechos Humanos se basa en su reciente visita a Montería. Allí escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que el discurso uribista en que se niega la existencia del paramilitarismo. En Córdoba está a la vista la persistencia de esta criminalidad en la Universidad de Córdoba, en la vida económica, social y política de la ciudad; en contraste la situación de las víctimas, sin mínimos derechos satisfechos, desalojados, despojados de toda condición material de vida digna.
No es la primera vez que se conoce de las propiedades colidantes de familiares o testaferros de los paramilitares y de Uribe; del desarrollo de obras carreteables a favor de Uribe o del nombramiento del Rector de la Universidad de Córdoba por orden de Mancuso o del poder económico y armado que esa casta regenta en la región. Sobre esta realidad del paramilitarismo ya había escrito Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronell. La situación de la Universidad ya había sido denunciada por Gustavo Petro.
No es la primera vez que esa verdad de a puño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que la casa de Nariño censura la libre expresión que sustentada con fundamento fácticos muestran las tinieblas que visten el poder presidencial.
Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador.
En segundo término niega la autoridad de quién escribe, Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos. Acaso, Uribe pretende ignorar que Iván es el hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado por fuerzas estatales en desarrollo de estrategias paramilitares. O el crimen de este dirigente nunca sucedió, es una invención de Iván.
O Uribe pretende olvidar que en la misma Casa de Nariño, al lado de más de una decena de defensoras de derechos humanos, reconoció que Iván era una víctima de violaciones de derechos humanos. O también pretende olvidar que Iván y su esposa, estuvieron exiliados por varios años en Francia debido a la persecución de que ha sido objeto por exigir Verdad, Justicia y Reparación Integral en el caso de su padre.
Pero yendo más de este absurdo de incoherencias oficiales, que pretende decir Uribe Vélez a través de su vocero de prensa, César Mauricio Velásquez, que olvida los preceptos evangélicos que escuchó en la Universidad de la Sabana y los códigos deontológicos que emuló y pretendió hacer respetar en el Círculo de Periodistas de Bogotá, cuando se afirma que es un "hostigador a que se violen los derechos humanos".
Si se lee con atención el artículo de Iván no se invita ni se promueve a que agentes estatales violen la ley, atenten contra los ciudadanos, contra la vida e integridad de personas. En la Casa de Nariño se han olvido que son los derechos humanos, pues para ellos, es claro que no existen En ningún momento se lee en el artículo una invitación a torturar, a desaparecer, a asesinar, a desplazar, a masacrar, a judicializar injustamente.
¿Por qué entonces esa reacción de Uribe?
Las respuesta de Uribe sobre el artículo de Iván es intimidatoria, nada persuasiva, como se ha referido al caso de Yidis Medina; es acusadora y tergiversadora como lo ha hecho en radio Caracol y RCN respecto al Movimiento de Víctímas de Crímenes de Estado por su participación en un acto de censura ante la solicitud de asilo de su primo hermano Mario Uribe; es manipuladora como lo ha hecho respecto a las recientes amenazas de muerte de los integrantes de Arco Iris que han investigado las relaciones entre paramilitarismo y política; es evasiva sobre la responsabilidad del Estado en la creación del paramilitarismo y la situación que hoy se vive en Córdoba y en el resto del país; es encubridora de las verdaderas pretensiones que hay detrás de la institucionalización del paramilitarismo y de la simulación de verdad histórica que se está construyendo en las "confesiones" de los comandantes paramilitares.
El presidente debe rectificar pues su respuesta además de ser un acto claro de censura, de falsa acusación es un nueva expresión de la persecución, que puede ser calificada de sistemática, a la que ha sido sometido Iván Cepeda y con él los y las defensoras de derechos humanos. Desde ya sabemos que es poco probable que la rectificación sea posible, pero no por esto cesamos en la exigencia del derecho a saber, el derecho a la verdad y a la justicia, como lo ha venido haciendo Iván Cepeda.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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