Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Una vez más los trabajadores son víctimas de la tesis impuesta en el capitalismo, según la cual se socializan los riesgos y pérdidas y se privatiza el éxito y las ganancias.
Coltejer ha entrado en un proceso en el cual ha ofrecido a sus trabajadores la posibilidad de capitalizar en la empresa con el fin de “salvar” de la crisis económica a esta histórica industria nacional. Para poder entender la complejidad de este problema debemos tener en cuenta algunos elementos históricos que no se pueden perder de vista, y evitar así los análisis inmediatistas y descontextualizados que se suelen hacer desde el gobierno nacional.
En primer lugar, es preciso recordar la crisis de la industria nacional vivida como consecuencia de las políticas de apertura económica implantadas en Colombia desde los primeros años de la década del noventa, política que generó la pérdida de competitividad y mercados de empresas nacionales que entraban a competir -en evidente desventaja- con la industria extranjera.
En esa situación, los empresarios nacionales comenzaron a adelantar gestiones para mitigar la crisis, al cabo de las cuales la alternativa preferida de los empresarios termina siendo la venta de la empresa. El caso Coltejer es muestra de esto. Ante la incapacidad mostrada por la administración por salvar la empresa, ahora Coltejer podría ser vendida a empresarios mexicanos que -al parecer- han supeditado el cierre del negocio a la liquidación del sindicato -y como es lógico- a la eliminación de los derechos convencionales de los trabajadores.
Desde allí, los empresarios de Coltejer han argumentado que la única forma de mantener con vida a la empresa es, de un lado, extinguir la convención colectiva de trabajo dados los altos costos operacionales de la empresa (900 dólares por trabajador); y del otro, que los trabajadores capitalicen en la empresa, sólo así, dicen las directivas, es viable el negocio y la continuidad de algunos de los contratos de trabajo.
Ante todo esto, la empresa ha convocado un plebiscito para que los trabajadores decidan “autónomamente” si desean continuar o no regidos por la convención colectiva de trabajo. La empresa ha sostenido que el 95% de los trabajadores votaron a favor de extinguir la convención, sin embargo, esto resulta cuestionable dado que, en primer lugar, esta formas de “plebiscito” convocado ilegal e irregularmente por el empleador no es un mecanismo contemplado por la ley para dar por terminado la convención colectiva de trabajo. En segundo lugar, es irregular dado que los trabajadores toman esta decisión bajo la presión de perder todos sus derechos y garantías por la liquidación de la empresa.
El sindicato se ha mantenido en su posición legítima y en el ejercicio de su derecho constitucional en la defensa de la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, lo que ha suscitado una fuerte polarización en la empresa -motivada por ella misma- para sacar provecho de la angustia padecida por los trabajadores.
Los empresarios han sostenido que los trabajadores podrían capitalizar aduciendo el ejemplo “exitoso” de Paz del Río. Sin embargo, lo que la empresa no dice es que el caso de Paz del Río es muy diferente, en tanto para esa empresa había un mercado asegurado, especialmente en China, país que compró prácticamente la totalidad del acero del mundo; en contraste, el mercado textilero es más competitivo y mucho más inestable, lo que implica un enorme riesgo para las empresas del sector.
Lo que aparece tras estos elementos es la tesis de la socialización de los riesgos y las pérdidas y la privatización de los éxitos y las ganancias. Cuando la empresa tiene rentabilidad las utilidades no son repartidas entre los trabajadores, pero cuando la empresa entra en situaciones de crisis económicas entonces los trabajadores tienen que hacer el esfuerzo para salvar la empresa.
Lo que la experiencia muestra es que al final de la renuncia a la convención colectiva de trabajo los resultados no son los esperados. De un lado, generalmente no se salva la empresa, y del otro, se reducen a tal nivel las indemnizaciones por despido que los trabajadores son despedidos sin ningún reparo por la empresa en la medida que ya se han abaratado los costos de despido.
Invito a pensar detenidamente los riesgos de renunciar a la convención colectiva de trabajo y a no caer en la trampa de falsos paraísos financieros que aseguran altas rentabilidades en un mercado volátil e inseguro a cambio de renunciar a los derechos laborales ciertos e indiscutibles.
Bogotá, D.C. 13 de mayo de 2008
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