Una Acción de Revisión del Acto legislativo que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, será presentada, el día de hoy ante la Honorable Corte Constitucional, por un conjunto de organizaciones de abogados, sindicales y sociales, al considerar que hechos irregulares, ilegales y fraudulentos, hoy conocidos por la opinión pública, afectaron la legalidad y legitimidad de dicha reforma.
Al momento en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del acto legislativo que dió lugar a la reelección presidencial, no se conocían los hechos que hoy son de dominio público y que necesariamente deben afectar la legalidad y legitimidad de dicha reforma.
En primer lugar, una importante proporción de congresistas que votaron el acto legislativo, hoy están siendo procesados penalmente por su alianza con los grupos paramilitares. El Pacto de Ralito constituyó la formalización de una macabra alianza con designios criminales, que ha afectado profundamente los principios de un estado de derecho y de una democracia participativa, dado que incluso muchos de los congresistas llegaron al parlamento con el apoyo del terror paramilitar.
En segundo lugar, las confesiones de la excongresista YIDIS MEDINA y las pruebas que ha puesto de presente, revelarían que altos servidores del gobierno habrían comprado el voto determinante de esta congresista para asegurar la aprobación de la reelección presidencial; con este mismo fin, se habría comprado la ausencia del reciento del congresista TEODOLINDO AVENDAÑO.
Esos hechos, vician las bases y los fundamentos que dieron origen al acto legislativo, dado que el mismo no fue resultado de un debate democrático y transparente, sino producto de maniobras fraudulentas, no propias del libre ejercicio democrático.
La acción quiere rescatar los principios que deben regir a una democracia respetuosa de los principios éticos, constitucionales, de respeto a los derechos humanos y de los fundamentos que deben caracterizar a un Estado basado en principios democráticos que a su vez soportan el llamado estado Social de Derecho.
La acción de REVISION impetrada quiere que el máximo Tribunal Constitucional declare la invalidez del acto legislativo, y en consecuencia determine que la reforma constitucional de reelección presidencial pierde vigencia por haber nacido viciada a la vida jurídica nacional.
Recurso de Revisión
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