EL GOBIERNO CARECE DE AUTORIDAD MORAL PARA DAR LECCIONES DE RECTITUD POLÍTICA

Declaración
Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Presidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado
Vicepresidenta de la Comisión VII de Senado
Integrante del Consejo Nacional de Paz

Cada día que pasa se agudiza más la crisis política e institucional del país originada en la “parapolítica”, y al gobierno le resulta más difícil encontrar argumentos creíbles que demuestren su deslinde con el paramilitarismo. No es poca cosa que alrededor de 50 de sus parlamentarios estén procesados, la mitad de estos en la cárcel y algunos ya condenados por sus vínculos con las bandas paramilitares. Cómo explicar que los votos aportados por el paramilitarismo a punta de crímenes fueron viciados cuando se trató de elegir a los congresistas, pero transparentes y democráticos para elegir a Uribe?

Al proceso de la “parapolítica” han venido a sumársele las revelaciones de la Ex representante a la Cámara Yidis Medina, según los cuales ella y el Ex representante Teodolindo Avendaño aceptaron ofrecimientos del Ministro Diego Palacio, del Ex ministro Sabas Pretelt y de otros altos funcionarios del gobierno para que facilitaran la aprobación del Acto Legislativo que reformó la Constitución para permitir la reelección de Uribe. La primera votó afirmativamente al Proyecto y el segundo se ausentó de las sesiones del Congreso para no alterar al quórum ni entorpecer su aprobación. De no haber sido así, la reelección no habría sido aprobada y Uribe no sería Presidente de la República. El escándalo que se desató en junio de 2004 por estos hechos y que fue habilidosamente sorteado por el gobierno, ha resurgido ahora cuando la Ex representante ha aceptado los cargos formulados contra ella por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho y el Ex representante también se encuentra en la cárcel con medida de aseguramiento.

El Presidente Uribe y su gobierno están muy preocupados porque el desarrollo de los acontecimientos puede obstaculizar el proyecto de una segunda reelección, en la cual trabajan afanosamente sus seguidores recogiendo firmas para un referendo que le propone al Congreso de la República una nueva reforma constitucional.

Así se explica la cacería de brujas desatada contra la oposición, particularmente contra el Polo Democrático y algunos de sus parlamentarios, utilizando para ello supuestos documentos hallados en los también supuestos computadores del dirigente guerrillero “Raúl Reyes”, muerto en el Ecuador en un ataque del ejército colombiano que constituyó una violación flagrante a la soberanía de ese hermano país.

La Corte Suprema de Justicia le ha solicitado al gobierno, al CTI y, en especial, a la Fiscalía General de la Nación, que le haga entrega de la totalidad de esos documentos. Sin embargo, lo que ha hecho el Fiscal General de la Nación –Ex viceministro de Justicia de Uribe- es entresacar algunos de ellos y compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, con base en que allí se menciona mi nombre, el de los congresistas Piedad Córdoba (Partido Liberal) y Wilson Borja (PDA) y los de otros ciudadanos nacionales y extranjeros, lo que v ha provocado una euforia desaforada en el alto gobierno y en los más recalcitrantes círculos uribistas, que han salido atropelladamente a afirmar que ahora se abre un nuevo capítulo, el de los vínculos de los políticos con la guerrilla. Suponen que en estas condiciones la izquierda queda equiparada con el uribismo y no tiene autoridad moral para hacerle oposición al gobierno ni puede presentarse como alternativa, ante la descomposición del régimen por la “parapolítica”.

Es así como el Ministro del Interior y de Jusiticia ha expresado que “se habían demorado en empezar a mirar esa otra parte de relaciones entre políticos y guerrilleros”, el Ministro de Defensa ha sentenciado que “si alguien resulta cómplice de grupos terroristas, que le caiga todo el peso de la ley”, y el Ministro de Agricultura se ha despachado diciendo que “yo personalmente estoy muy contento que esto siga así para adelante con todos los que tengan que ser responsabilizados por la Farc-política y ojalá esto sólo sea el principio, porque yo sí creo que es mucha gente de la política la que ayudó y recibió apoyo de estos grupos terroristas como las FARC o el ELN”, agregando que “ojala sea el principio de lo que se viene con la Farc-política, que ya está tocando al Polo Democrático que tanto ha vociferado, agredido e insultado”.

Esto significa, en síntesis que según el gobierno, quienes aparecemos en los documentos de los computadores referidos, necesariamente somos culpables y debemos ser condenados.

Por supuesto, se olvidan de que las “pruebas” en las que sustentan sus acusaciones son ilegales porque fueran adquiridas violando la soberanía de un país y porque los computadores no fueron objeto de la cadena de custodia que establece la ley. Tampoco tienen en cuenta que carecen de autoridad moral para hablar de rectitud política porque hacen parte de un gobierno profundamente penetrado de paramilitarismo, corrupción y clientelismo.

En lo que a mí corresponde, hasta ahora no he sido llamada a ninguna diligencia judicial ni se me ha notificado cargo alguno. Lo único que conozco es algunas informaciones de prensa en las que se dice que soy la esposa de “Raúl Reyes” y que aparecen 20 o 40 correos cruzados entre él y yo. En cuanto a lo primero, la afirmación resulta francamente ridícula, y en relación con lo segundo, puedo asegurar que ni yo le envié correos a “Raúl Reyes” ni él me los envió a mí. Jamás lo conocí personalmente ni tuve con él ningún tipo de contactos. Estas realidades son las que me permiten concluir que lo que hay de por medio es un montaje para desviar la atención del país, que espera que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas de los crímenes del paramilitarismo y que pide que se esclarezcan las turbias componendas en el Congreso de la República para hacer aprobar la reelección de Uribe. Por eso, estoy dispuesta a responder ante la justicia, de cara al país, como siempre lo he hecho.

Bogotá, D.C. 3 de junio de 2008.

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