TALLER DE PARLAMENTARIOS
Montevideo, 23 de mayo de 2008
LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS DE IZQUIERDA EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA
GLORIA INES RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA-Colombia
Durante casi 18 años de existencia, en los 13 encuentros anteriores el Foro de Sao Paulo se ha ocupado de examinar los principales temas de la situación del mundo, y particularmente, de América Latina y El Caribe, de estudiar las alternativas de solución a los crecientes problemas de nuestro continente y de trabajar por la unidad de las fuerzas democráticas y revolucionarias para hacer posibles los cambios que reclaman nuestros pueblos.
Dentro de los encuentros han tenido particular relevancia los talleres de parlamentarios, que han abordado el papel de los parlamentos en diversos campos y temas, han servido para intercambiar experiencias e informaciones y han adoptado conclusiones de significativa importancia para quienes desde la izquierda actúan en el poder legislativo de cada uno de sus países.
Es evidente que, como lo señaló el Encuentro anterior, "El papel de los parlamentarios donde es presidencialista el sistema político, depende de los niveles de fortalecimiento institucional, del fortalecimiento de la democracia formal para que pueda jugar un papel autónomo del ejecutivo, donde lo que se desarrolla son relaciones de coordinación y no de supeditación. En los países donde existe autoritarismo y la democracia es débil, los parlamentos están supeditados al poder ejecutivo".
En lo que respecta a los parlamentarios de izquierda, su papel depende, además, de otros factores, como el tipo de partido o movimiento que representan, sus definiciones programáticas, la correlación de fuerzas al interior del parlamento, la articulación de la acción parlamentaria con la lucha de masas y la política de alianzas que se desarrollen al interior de estos organismos. En mi corta experiencia como Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, he encontrado que cada uno de estos factores influye de manera decisiva en la labor parlamentaria.
El PDA, como otras experiencias en América Latina, es el resultado de un trabajo persistente por unir las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias. En su interior hacen presencia una gran cantidad de intereses políticos y matices ideológicos, así como una variedad de sectores sociales y de clase que se unifican alrededor objetivos comunes definidos en el Ideario de Unidad. La PLURALIDAD es una de las fortalezas que hacen del PDA una opción auténticamente democrática; no obstante esa característica también da lugar a no pocas contradicciones que son hábilmente aprovechadas por el régimen para estimular conflictos y tratar de provocar rupturas. La principal de ellas se da entre la tendencia que concibe al PDA como un mero aparato electoral, privilegia la acción parlamentaria y procura llegar al gobierno aún a costa de sacrificar elementos fundamentales del Ideario de Unidad, y quienes, sin menospreciar la lucha electoral, consideramos que el Polo debe ligarse a la organización y movilización de las masas y debe mantener una conducta ético-política coherente con el proyecto que construimos, a fin de que podamos constituirnos en una alternativa real de poder, para lo cual es necesaria la más amplia participación de las bases en la vida del partido, de manera que la unidad del Polo se exprese en la unidad del pueblo y sirva a la lucha por los cambios democráticos que nos proponemos realizar.
Una primera conclusión, entonces, consiste en que debemos esforzarnos porque la pluralidad que caracteriza a los partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana, no sacrifique la claridad de nuestra política, de nuestros objetivos y de nuestro accionar. Sólo de esta manera las masas nos identificarán como sus representantes auténticos y estarán dispuestos a participar con nosotros en las luchas sociales y en la batalla por el poder.
En cuanto a la correlación de fuerzas en los parlamentos, la situación en nuestro continente es muy disímil. Va desde los casos en que la izquierda es hegemónica o constituye una fuerza importante, hasta aquellos en que, como ocurre en Colombia, es una pequeña minoría, pues de un total de 268 parlamentarios, el Polo apenas tiene 15. En los países en los que la izquierda constituye mayoría, su función debe ser la de liderar procesos de reformas estructurales que garanticen los derechos sociales y la vigencia de un orden socioeconómico justo, labor que debe realizar en coordinación con el poder ejecutivo. En aquellos países en los que no se alcanzan las mayorías, la misión de los parlamentarios de izquierda se debe concentrar en plantear las alternativas que conduzcan a la realización de los derechos sociales y ejercer el control político de las actuaciones del gobierno.
La situación de mi país no tiene parangón con ninguna otra del mundo. Hasta el momento hay 33 parlamentarios encarcelados, 7 de ellos condenados, y 65 vinculados, la gran mayoría pertenecientes a los partidos uribistas. Como el proceso continúa, es seguro que habrá más detenciones y vinculaciones. Además, hay numerosos exparlamentarios y exfuncionarios del Estado de todos los niveles en similar situación. Hasta ahora, la atención se ha concentrado en el Congreso de la República, pero los propios jefes paramilitares han afirmado que su empresa criminal infiltró todos los poderes de Estado y que contaron con el apoyo de empresarios nacionales y extranjeros, de manera que el problema está lejos de tocar fondo. Es importante resaltar que el origen del paramilitarismo es la violencia desatada por las élites colombianas en la década del cuarenta del siglo pasado, proceso violento que tiende a ser ocultado por esas mismas élites que se mantienen vigentes en el poder.
La debacle institucional provocada por los vínculos del narcoparamilitarismo con el régimen ha estimulado la proliferación de las más variadas propuestas para enfrentar la crisis. Es así como en el Congreso se tramita una llamada Reforma Política, de iniciativa gubernamental, que está a punto de fracasar, y que no es sino una precaria reforma electoral que, en lo fundamental, consiste en la "silla vacía", es decir, la pérdida de la curul de los congresistas implicados, medida que no debería tener discusión, y en aumentar paulatinamente el umbral electoral para tener derecho a la personería jurídica, con lo cual lo que se hace es cerrarle el paso a los partidos pequeños.
La revista Semana, por su parte, propone adelantar las elecciones de Congreso y conmutar la pena de cárcel de los congresistas –siempre que no se trate de delitos de lesa humanidad- por la "muerte política", para que no puedan volver a desempeñar cargos públicos. El Expresidente Samper opina que lo que debe hacerse es revocar el mandato del actual Congreso; el Exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, afirma que "si yo fuera Uribe ya habría renunciado", y el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, recrimina a los partidos uribistas y les dice que si hay que disolverlos, que se disuelvan, porque, según él, no fueron los partidos los que eligieron al Presidente, sino que "fueron los candidatos los que aprovecharon la buena imagen del Presidente para hacerse elegir". Paladinamente omite que esos partidos han sido el soporte del gobierno, que Uribe ha gobernado con ellos y los ha colmado de prebendas y que ha recibido siempre su apoyo decidido para aprobar cuanta reforma antipopular le propone al Congreso. Lo que en realidad pretende el Alto Comisionado es eximir a Uribe de cualquier responsabilidad con la "parapolítica", para que la nueva reelección que impulsan sus más recalcitrantes seguidores no vaya a tener ningún contratiempo.
Acosados por la marejada de la crisis que cada vez los envuelve más, el Presidente de la República y otros altos funcionarios de su gobierno se dedican a cuestionar al Poder Judicial, en especial, a la Corte Suprema de Justicia, acusándola de actuar con "sevicia" y tratando de deslegitimarla por la labor que viene desarrollando en el juzgamiento de la "parapolítica", lo que constituye un atentado contra la separación de poderes contemplada en la Constitución Política. Al tiempo, el Poder Ejecutivo extradita a los 14 jefes paramilitares más importantes que estaban comenzando a confesar los delitos de lesa humanidad, enterrando así la posibilidad de obtener la reparación de las víctimas, de establecer la verdad y por ende de alcanzar la justicia; adicionalmente, con las extradiciones se impide que el país profundice el conocimiento acerca de los vínculos entre el establecimiento político de la derecha y los paramilitares.
Si algo está haciendo falta en el país es que se investiguen a fondo las relaciones del Poder Ejecutivo y, particularmente, del Presidente de la República con la "parapolítica", así como los turbios manejos en el Congreso para lograr la aprobación de determinados proyectos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención de la Exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien habría recibido ofrecimientos de dos ministros y otros altos funcionarios para que votara favorablemente la reelección anterior de Uribe, configurando el presunto delito de cohecho, y la aceptación que la implicada ha hecho hasta ahora de los cargos, es una muestra de lo mucho que hay que indagar en este campo, con el fin de que, como lo ha pedido el Polo Democrático Alternativo, se conozca toda la verdad.
Ninguna de las iniciativas planteadas va al fondo de la crisis ni se ocupa de transformar la estructura antidemocrática que desde siempre ha tenido el país. Es indudable que se necesita una reforma política, pero no están claros ni el contenido ni los mecanismos que aseguren que no se trata, como tantas otras veces, de "cambiar algo para que todo siga igual".
He hecho este resumen de la situación que envuelve al Parlamento colombiano, no sólo para dar una idea de la profundidad de la crisis, sino porque ello debe interesar a los demás parlamentos del continente, como quiera que de por medio están principios fundamentales como la separación de poderes, la transparencia de los procesos electorales y la legitimidad de las instituciones del Estado, sin los cuales no puede hablarse de democracia política.
Volviendo al título del tema que se me ha asignado, vale la pena preguntarse si la responsabilidad de los parlamentarios de izquierda en situaciones como la de Colombia puede ser el fortalecimiento de las instituciones y la profundización de la democracia o si, por el contrario, la alternativa es la lucha por crear una nueva institucionalidad que garantice la democracia real, la paz con justicia social y la independencia y soberanía nacionales.
En la dirección del Polo Democrático Alternativo estamos de acuerdo en que ninguno de los poderes constituidos está en capacidad de hacer las reformas que el país requiere, mucho menos un congreso deslegitimado que en proporción considerable es producto del crimen. Por eso, consideramos que el camino es apelar al constituyente primario, y hemos propuesto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargue de hacer una reforma política estructural pero también reformas económicas, sociales e institucionales que vayan a las causas de los problemas y le abran paso a una nueva institucionalidad que corresponda de verdad a los intereses nacionales y populares. La discusión está abierta y esperamos que con la participación de nuestra militancia y de todos los sectores democráticos podamos llenarla de contenido y concretar los mecanismos para conducirla a feliz término. No nos resignamos a que en medio del panorama de cambios que caracteriza a América Latina Colombia siga teniendo un régimen reaccionario, neoliberal y guerrerista que acata incondicionalmente los dictados de Washington. Aspiramos a incorporarnos al proceso de cambios que protagonizan nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños.
Otro aspecto clave del papel de los parlamentarios de izquierda es la articulación del trabajo parlamentario con la acción de masas. En lo que respecta a la bancada del Polo, hemos adelantado debates de control político y denuncias sobre las violaciones a la democracia y a los derechos humanos, sobre la "parapolítica", sobre libertad sindical, sobre los efectos de las reformas laborales en la situación del empleo, sobre las incidencias negativas de las reformas a la seguridad social y a la salud, sobre la solución negociada del conflicto interno y el acuerdo humanitario y sobre otros temas de interés nacional, que han tenido amplias repercusiones entre la población. Apoyamos las luchas obreras y populares y expresamos la solidaridad con los desplazados, con las víctimas de los crímenes contra los sindicalistas y otros luchadores populares y hacemos presencia en las movilizaciones de masas que se organizan con distintos motivos. Presentamos proyectos de ley sobre temas como el Estatuto del Trabajo y proyectamos otros sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y el Estatuto Único Docente, y alrededor de esos temas realizamos foros y audiencias públicas tanto en el Congreso como en distintas regiones del país con amplia participación de los interesados. Coadyuvamos iniciativas de parlamentarios de otras bancadas cuando las consideramos positivas y en tal sentidos hemos aportado a los debates sobre beneficios a la mujer cabeza de familia, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad y a las madres comunitarias, lo mismo que contra todas las formas de discriminación, en especial, las referidas al género, buscando que la igualdad formal que contempla la Constitución y las leyes del país tenga aplicación en la realidad. Enfrentamos decididamente los proyectos gubernamentales y de los sectores derechistas, como el del TLC con los Estados Unidos; el recorte a las transferencias que de los ingresos corrientes de la Nación se hacen a municipios y departamentos afectando el financiamiento de la educación, el agua potable y el saneamiento básico; el Plan Nacional de Desarrollo que, entre otras medidas, ordenó la liquidación del Seguro Social, la reestructuración de la Procuraduría y la Fiscalía y les impuso cargas pensionales a las universidades públicas en detrimento de la cobertura y calidad de la educación superior, y, en general, contra todas las iniciativas del régimen que se orientan a profundizar la política neoliberal, el llamado Estado Comunitarios de Uribe Vélez y su guerrerista y autoritaria "seguridad democrática". Estamos en contacto permanente con los trabajadores, con las comunidades indígenas, con las organizaciones de mujeres, con los campesinos, con los estudiantes y con los habitantes de barrios populares, participamos en muchas de sus reuniones y contribuimos, hasta donde las posibilidades nos lo permiten, en la solución de algunos de sus problemas. Al final de cada legislatura, programamos reuniones de rendición de cuentas en las que damos a conocer los principales elementos de nuestra actividad parlamentaria, recogemos propuestas e iniciativas y, desde luego, recibimos críticas que procuramos aprovechar constructivamente.
La actividad extraparlamentaria y la ligazón del trabajo parlamentario con la acción de masas resultan fundamentales en la construcción de democracia, sobre todo si se tiene en cuenta el poder descomunal de los medios de comunicación, que ignoran nuestro trabajo, tergiversan nuestras posiciones y manipulan a la opinión pública sin ningún escrúpulo. Es precisamente gracias a ese poder y al desarrollo de una política asistencialista y clientelista que el Presidente Uribe mantiene altos niveles de popularidad siendo el suyo uno de los gobiernos más antipopulares de nuestra historia. Por consiguiente, disponer de nuestros propios medios de comunicación es una tares primordial, como lo es también la formación ideológica y política de nuestros militantes, para que estén en condiciones de llevarle a la población las ideas renovadoras que cambien la conciencia social, destierren la pasividad y el conformismo y estimulen la lucha. No hay que olvidar que los regímenes tiránicos tienen como uno de sus principales sustentos el atraso y la ignorancia de las masas.
Respecto de la situación de América Latina, encontramos tres problemas a destacar en los que la actividad parlamentaria de izquierda se torna prioritaria, a saber:
* El Consenso de Washington y sus consecuencias en la imposición de las políticas neoliberales.
El consenso de Washington sigue afectado la forma de vida de millones de personas del continente, pese a que, como sus propios defensores lo han reconocido, no es más que una agenda incompleta en tanto ignora el papel de las instituciones en el desarrollo económico y minimiza la importancia de la política social. Quienes defienden el Consenso de Washington -pese a sus esfuerzos por alterar la evidencia- aún no han logrado ocultar que el pobre desempeño económico y el deterioro distributivo padecidos por los países latinoamericanos en las últimas décadas, son consecuencias de las reformas de mercado, desconociendo que no existe un camino único hacia el desarrollo. Dos de los problemas fundamentales del Consenso de Washington están en sostener que por encima de las políticas sociales se encuentran las políticas económicas, y en la tendencia a olvidar que son los ciudadanos quienes deben elegir las instituciones económicas y sociales que prefieren.
*La respuesta agresiva y guerrerista del imperialismo como reacción ante los avances de los sectores democráticos del continente, tales como la instalación de bases militares en el continente.El terrorismo mediático, técnico y corporativo emprendido por las instituciones del desarrollo como el BM y el FMI para derrumbar las instituciones construidas democrática y pacíficamente por algunos pueblos soberanos, se acompaña ahora de una estrategia que busca desestabilizar políticamente la región y deslegitimar a Venezuela y Ecuador. Por último, cuando todo esto aún no es suficiente, los intereses del imperio incentivan facciones reaccionarias que propenden al separatismo mediante un falso nacionalismo que distorsiona los disensos, como puede estar ocurriendo en Bolivia y Venezuela. Esto último no sería raro; recordemos que esa es una estrategia en la que ha participado hasta la CIA, como se ha comprobado en el caso del Cono Sur durante la década del 70 y en centro América durante la década del 80. En este marco es obvia la verdadera razón de la presencia militar norteamericana en el continente, los anuncios sobre el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe y las amenazas permanentes contra Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador.
*La imposición de tratados de libre comercio en contra de los intereses nacionales de nuestros pueblos.El nuevo sacerdocio del neoliberalismo insiste en que la desregulación y la privatización deben ser absolutas para alcanzar la tierra prometida del desarrollo y el progreso económico, pese a que la evidencia empírica muestra que los casos más duraderos de crecimiento rápido en el mundo en desarrollo -como los de Asia Oriental, China e India- no fueron precedidos por fases de liberalización económica extensa.
Hay que continuar controvirtiendo las tesis del neoliberalismo, puesto que los hechos reales lamentablemente nos dan la razón. Pero además, es necesario pasar a un proceso de integración social, política y económica, mediante estrategias concretas que vayan en contravía de la imposición de tratados de libre comercio. Una de ellas es el ALBA, proyecto político y económico que se constituye en una alternativa de integración que respeta la autonomía y soberanía de los pueblos, al tiempo que obedece a las construcciones locales surgidas de los disensos y la lucha de clases.
Para terminar, quisiera destacar algunos temas que considero deben hacer parte de nuestra agenda de trabajo como parlamentarios de izquierda:
La lucha contra los TLC, el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, el Plan Puebla Panamá y los demás planes imperialistas que desarrolla el gobierno norteamericano de nuestro continente; contra las políticas de la OMC, el FMI, el BM, el BID y demás organismos multilaterales al servicio del imperialismo, y contra las compañías transnacionales que saquean nuestros recursos, deterioran nuestro ambiente y explotan el trabajo de nuestros pueblos.
Por la integración social, económica y política de los países latinoamericanos y caribeños, para lo cual deben tenerse en cuenta iniciativas como la del ALBA, a fin de lograr nuestro desarrollo independiente y el progreso y bienestar de nuestros pueblos.
El rechazo a la política guerrerista e intervencionista del imperialismo norteamericano, que pretende enfrentar a países hermanos, así como a la instalación de bases militares en nuestro continente. El respeto a nuestra soberanía e independencia nacionales y el libre derecho de autodeterminación de los pueblos.
La lucha por la solución pacífica de los conflictos internos e internacionales y por la amistad y solidaridad entre nuestros pueblos.
Por la solución negociada del conflicto interno de Colombia, sin injerencia extranjera pero sí con la colaboración de la comunidad internacional.
La solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y el pueblo de Colombia, que enfrentan las agresiones imperialistas y reaccionarias y luchan porque sea posible una patria latinoamericana y caribeña justa, democrática, soberana y hermanada en un destino común.
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