Por Felipe CárdenasEn un acto solemne que quiso ser saboteado por encapuchados que no representan a los colombianos, ni a los estudiantes de la Universidad Nacional, ni al público asistente, se pronunció en las horas de la tarde del día miercoles 24 de julio en la Universidad Nacional de Colombia el Tribunal de los Pueblos contra el accionar de varias multinacionales en el territorio de Colombia; se hizo evidente de manera contundente, la complicidad del Estado a lo largo de los últimos 20 años en múltiples crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas, sectores campesinos, obreros y sindicalistas y contra el patrimonio ambiental del país.
Nos alegra saber que la verdad brilla en el horizonte de la justicia y que su luz nos fija la estructura, el marco y la dirrección para organizar el terreno del Estado social de derecho que debe primar en Colombia. Nos da pena la manera como las fuerzas del mal se han insertado en los gobiernos que ha tenido Colombia en los últimos decenios humillando la dignidad de los colombianos y aniquilando la voz de millones de colombianos que han sido perseguidos o asesinados.
Hoy el Estado colombiano representa la mayor causa de los delitos que se cometen en Colombia.
El aparato de Estado es una fuente de corrupción y es uno de los principales factores que generan mayor desequilibrio en la vida de los colombianos.
El Estado social de derecho en Colombia es una quimera.
Existe una clara conexión causal entre la pobreza, la violencia y el conflicto que pasa por la constitución de un Estado corrupto, que es el primer violador de la ley y de la Constitución Política de Colombia y que parece que tiene como consigna y modelo político el símbolo de la depredación. No existe la ley ni el imperio de la justicia en nuestro país.
La condena moral que formuló el Tribunal de los Pueblos debe estar acompañada de una condena moral efectiva de todos los colombianos a quienes nos representan y tienen mayor vinculación con el funcionamiento del Estado: el gobierno, su presidente y los pseudo-partidos de gobierno. Sólo con el repudio general de la nación colombiana, nuestro pueblo podrá escapar a la lógica de la ley del talión, que parece venir imponiéndose y que en parte explica los diversos mecanismos para-estatales (para militarismo) que han venido construyendo algunos colombianos para resolver los problemas de justicia de todo orden que el Estado colombiano siempre ha relegado.
La conexión causal –propter hoc- del Estado con la violencia y el atraso en Colombia es una constante histórica. Los delitos, cualquiera que sean tienen que ser castigados. Y la gravedad de las denuncias formuladas por el Tribunal de los Pueblos contra el Estado colombiano y el accionar de las multinacionales son gravísimas.
La realidad que vienen generándo es la de la muerte y la destrucción; no tienen ningúna orientación ética o moral. Mal hacemos en desconocer la gravedad de la enfermedad; será imposible restablecer el orden político y social en Colombia si nos mantenemos sordos, indiferentes e ignorantes al dolor de millones de colombianos para quienes el Estado en sus alianzas mafiosas es y ha sido su gran verdugo.
El victimario tiene que pagar por sus pecados. La restauración del orden violado debe ser un gran propósito nacional que nadie puede eludir y mucho menos aquel que ostenta la más alta representación política de nuestro país (el presidente). No puede nadie por sí sólo pretender tener el remedio; se requiere del concurso de todas las fuerzas políticas y sociales.
El diseño institucional en Colombia no representa social, cultural o antropológicamente a todos los colombianos. Nuestras realidades políticas son desconocidas e ignoradas por las élites corrompidas que sólo piensan en desnudar, despojar, asesinar o perseguir a las víctimas de la ignorancia, de la lujuría y la soberbia. Me da pena mi país.
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