"¿Cúal es su compromiso con la verdad"?
En un duro cuestionamiento a la labor del Fiscal, Mario Iguarán, la senadora Parody el día 12 de agosto a esta hora 17:59:43, en la plenaria del Senado, pone en entredicho su labor en el proceso de Justicia y Paz señalando que la falta de efectividad va a generar más violencia. Denuncia de graves casos en que aun no se llama a firmantes de acuerdos parapolíticos en el Magdalena. Lea la carta completa.
A continuación toda la carta que envió Gina Parody al Fiscal:
Bogotá D.C. Agosto 12 de 2008
Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General De La Nación
Ciudad
Señor Fiscal:
El objetivo de esta carta es referirme a la parapolítica regional que ha quedado sin investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pongo de presente dos hechos que no han tenido eco en la Entidad que usted dirige en relación con las personas firmantes de los llamados acuerdos de "Chivolo" y de "Pivijay". Primero, la solicitud para la apertura de investigación a los involucrados en dichos pactos.
Hasta ahora no tengo respuesta. Segundo, he pedido información sobre el estado en que se encuentran las investigaciones por el asesinato de alcaldes, ex alcaldes, ex funcionarios públicos, familiares de estos y líderes cívicos, de los municipios a los que pertenecían los candidatos y funcionarios públicos firmantes. Al respecto no he recibido más que dilaciones, y la total ausencia de acciones eficaces por parte de su oficina. De 21 asesinatos de funcionarios públicos en la zona, sucedidos en la época de los pactos, 7años después solo hay 2 casos en etapa de juzgamiento.
Mientras tanto, las denuncias ciudadanas se han incrementado porque el paramilitarismo echó raíces, y sin el compromiso de la justicia para investigar y encontrar la verdad la maleza se quedará para siempre.
Las víctimas de crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en estas zonas y como los sucedidos en la segunda guerra mundial, tienen un denominador común: creen que lo normal son esos ataques sistemáticos contra la población , que eso es lo común, que lo normal es que les violen los derechos, que lo normal es que los desplacen, que en cualquier momento puede entrar alguien en la noche y abusar de la hija, o reclutar el hijo, o las 2 anteriores, que lo normal es vivir bajo la amenaza y la zozobra. Y usted como yo sabe que eso no es lo normal en un Estado de Derecho como el nuestro, y que la responsabilidad de la entidad que usted maneja es precisamente investigar, y hoy tiene aún más herramientas con los datos que han entregado algunos de los procesados en justicia y paz.
La investigación por parte de la Fiscalía es para que esas personas que sufrieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sepan que tienen un Estado que los protege, que son ciudadanos, que quienes cometieron los crímenes serán sancionados, que la verdad será encontrada como primera forma para repararlas y que todos estamos dispuestos a generar las medidas de no repetición para que esas atrocidades no vuelvan a ocurrir en nuestro territorio.
Sin embargo, la investigación de la parapolítica regional que corresponde a la Fiscalía en muchas zonas del país se paró o no ha arrancado. Y esto hace que las personas que "asaltaron" el poder local se queden legitimadas por la no investigación o por un inhibitorio. Le pongo un ejemplo, el caso del asesinato del defensor de Derechos Humanos José Mendivil Cárdenas, cuya investigación se había cerrado, y que pese a que según comunicado de la Fiscalía de Barranquilla fechado el 29 de abril del presente año, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias "Don Antonio", lo reconoció, solo hasta que envié mi solicitud el 17 de junio exponiendo que éste homicidio había sido revelado por el ex jefe paramilitar, se está pensando en reabrir la investigación, como me fue informado en reciente oficio. Y como ese caso hay más.
La parapolítica del Congreso cuyos casos en gran parte lleva la Corte Suprema de Justicia, son solo una parte mínima del fenómeno de la macrocriminalidad que se tomó las regiones, se está reproduciendo y se quiere perpetuar allí. De nada nos sirve condenar a los congresistas si en las regiones la estructura se mantiene intacta.
En el pacto de Chivolo donde se estiman más de 200 personas firmaron, y la Fiscalía apenas tiene un investigado por concierto para delinquir, y ni un investigado por delitos electorales a pesar de que quienes lo firmaron llegaron a ser alcaldes, concejales, diputados, congresistas y hasta gobernador pusieron: José Domingo Dávila Peralta. Pronto señor fiscal, en 3 meses, estos delitos prescribirán, y estos actos quedaran impunes y legitimados. En el Pacto de Pivijay, por el cual ya hay condenados congresistas, sus socios en las regiones siguen libres y gobernando.
Para sellar estos pactos los paramilitares y sus socios primero masacraron, desplazaron, intimidaron a la población, mataron a la oposición. En 1999 por ejemplo, en el municipio del Piñón en el Magdalena masacraron a 27 campesinos esto ya lo aceptó “Jorge 40". El mismo Bloque Norte tomó control del territorio y asesinó a alcaldes y concejales de "oposición política". ¿Donde están sus socios políticos? Cuáles eran los alcaldes y concejales que no eran de la oposición de Jorge 40? ¿Hay alguna investigación contra ellos?
A los paramilitares les fue muy bien con los pactos locales y por eso siguieron violando los derechos humanos. En noviembre 22 de 2000 perpetraron la masacre de Sitio Nuevo en la que mataron 37 personas entre pescadores y campesinos. Luego se tomaron los municipios de la zona matando 4 alcaldes, 2 ex acaldes y 4 concejales, actos que hasta el día de hoy siguen impunes. En ese contexto un año después celebraron el Pacto de Pivijay ya mencionado.
Ciudadanos de esta misma región del País me han hecho llegar información sobre la existencia de más pactos locales en el Magdalena, como el de los municipios de San Ángel y Concordia, así como el de la lista a la Asamblea de Magdalena en 2003 por un movimiento político que hoy tiene a todos sus Congresistas investigados por parapolítica. Estos hechos los pongo en su conocimiento si es que su entidad no los conocía.
El modelo "Pivijay" fue replicado en otras regiones con algunas variaciones. Por ejemplo, en el Cesar se presentó el genocidio de 145 indígenas Kankuamos, el robo de regalías, el saqueo a los recursos públicos de la salud, y el asesinato de 4 alcaldes, 1 ex alcalde y 14 concejales en estos mismos años. Ya hay un congresista condenado por sus vínculos con el paramilitarismo. Se conformaron 2 distritos electorales ampliamente conocidos, donde sólo se podía votar por quienes dijeran los paramilitares a riesgo de muerte como le sucedió al señor Jorge Arias (QEPD), quien no votó por uno de los beneficiarios de esos pactos. ¿Qué paso con los socios regionales de estos políticos?
También, en el Urabá Antioqueño, en los municipios de Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa, entre los años 90´s y el 2002, se presentaron más de 50 masacres.
En esta zona en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, municipio de Necoclí- con presencia de alias "El Alemán" y su hermano, el hoy prófugo de la Justicia alias "Don Mario", que al parecer tiene infiltrada la Fiscalía, se acordó con líderes políticos de la región el pacto de "los cuatrillizos", a partir del cual los paramilitares apoyaron una lista al Congreso para el periodo 2002-2006, avalando 4 nombres de dirigentes de la zona.
Como los demás pactos, este también fue efectivo y ganaron la curul, gracias al distrito electoral con altísimas concentraciones de votación de hasta el 70 por ciento en Necoclí y Arboletes, y se la rotaron sucesivamente cada uno un año, aprovechando para nombrar en la Unidad de Trabajo Legislativo líderes firmantes del pacto y hasta al propio "Alemán".
Por este pacto ya hay dos Senadores de la República con medida de aseguramiento, y sin embargo, hasta mayo de éste año no se conocía que ninguno de los cuatrillizos, ni los demás políticos regionales hubieran sido llamados a declarar por parte de la Fiscalía como denunció el testigo principal Dagoberto Tordecillas. Hoy 4 de esos firmantes increíblemente son alcaldes de municipios del Urabá Antioqueño: Turbo con Estanislao Ortiz Lara, Edison Yáñez Tirado en Necoclí, Gustavo Germán Guerra en Arboletes, y Hugo Caballero Ballesteros en San Pedro de Urabá.
Me parece muy preocupante Señor Fiscal, que al igual que en Uraba, por no haberse iniciado las debidas investigaciones en su momento, en el Departamento de Magdalena varios de los firmantes de los pactos de Chivolo y Pivijay fueron elegidos como Alcaldes en las más recientes elecciones regionales. Tal es el caso de los municipios de Remolino, dónde un candidato a concejal del pacto de Chivolo, fue elegido como Alcalde en 2007. Y en el municipio de Pivijay, donde Ramón Prieto Jure firmante de los dos mencionados pactos, y desmovilizado de las autodefensas, fuera reelegido el pasado octubre.
Pero esto no solo sucedió en Magdalena y Urabá, sino en todas las demás regiones del país tomada por los grupos ilegales cuyos pactos son públicos hoy.
De toda esta toma del poder político regional lo que más me preocupa y entristece, Doctor Iguarán, es lo que deben estar sintiendo y pensando las víctimas, al conocer mediante respuesta de su Entidad, que en la mayoría de investigaciones por los crímenes en los municipios escenario de los pactos entre políticos y paramilitares entre los años 1999 y 2006, casi todas han terminado en inhibitorios o 7 años después siguen estando en práctica de pruebas. ¿Cuál es el compromiso de su Administración con la verdad?
Finalmente señor Fiscal General, quiero manifestarle que es muy alarmante para mí como Colombiana, que a causa de la labor poco eficiente de la Fiscalía en la investigación de quienes se tomaron con el fusil las urnas en el poder local, hoy muchas personas sigan desconfiando de la Justicia ya que su Alcalde, Diputado o Concejal es un socio o ex socio de los paramilitares que asesinaron, masacraron y desplazaron a sus familias.
Señor Fiscal, usted no es el único responsable de la reconciliación en Colombia, pero si cumple una labor fundamental: ayudar a encontrar la verdad. Elemento que es un pilar de todo este proceso de paz, cumple por lo menos con 3 funciones: reparar a las víctimas, desmantelar los grupos armados ilegales, y construir memoria colectiva. Cada vez que su entidad no investiga se produce un hecho en contra de las víctimas, y eso implica que pasaremos generaciones y generaciones tratando de encontrar la paz, porque aparecerán nuevos vengadores por mano propia.
Hoy lo que tenemos en estas zonas son más muertos, más disputas territoriales por rutas de la droga, por mantener el poder local a costa de nuestros ciudadanos, mas desplazamientos, es decir los peores crímenes de la humanidad se siguen cometiendo y la justicia pasa de agache.
Cordialmente,
Gina María Parody D Echeona
Senadora de la República
Foto: Catalina Lozano
Foto: Catalina Lozano
Foto: Durango
