Carlos Lozano, Director del Semanario Voz de Colombia:

“La reelección en Venezuela la determina el pueblo”.

· “El problema está en que la reforma constitucional en Colombia se hizo con nombre propio y no con un sentido democrático”

· “La continuidad de Chávez dará aliento al proceso revolucionario y permitirá la preparación de nuevos cuadros de relevo”.

Debate Abierto y Tribuna Popular, continúan con la campaña “Voces del Mundo por la Enmienda” y entrevistan a Carlos Lozano Guillén, abogado y periodista, profesor universitario. Miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano y de la Junta Nacional del Polo Democrático Alternativo de Colombia.

Caracas, 26 de diciembre, Modaira Rubio/Redacción FDA/TP.

Modaira Rubio: Se ha iniciado un gran debate en la sociedad venezolana sobre el tema de la enmienda y la reelección, para el abogado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV: “ la existencia de la reelección indefinida a cargos de representación popular forma parte de la profundización de la democracia, pues la ley no debe prohibir a ningún ciudadano(a) la posibilidad de presentarse como candidato/a a elección –con excepción de quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política- y al pueblo la posibilidad de elegir. Al final de decisión si es reelegida o no una persona, si lo hizo bien o mal, será decisión popular, pero no debe ser la ley quien lo prohíba”. ¿Piensa usted que ciertamente este debate profundiza la democracia venezolana?

¿Piensa usted que ciertamente este debate profundiza la democracia venezolana?

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BALANCE LEGISLATIVO JULIO – DICIEMBRE DE 2008

El período legislativo comprendido entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2008 es de muy pobres resultados, y en eso están de acuerdo prácticamente todos los sectores, aunque la aprobación a última hora, a punta de maniobras y en medio de hechos vergonzosos, de algunos de los proyectos bandera del gobierno les permite disimular en algo su mediocre balance. La presencia masiva de los ministros y otros altos funcionarios del Estado para presionar a los congresistas en el trámite de la Reforma Política, es una muestra de la deplorable condición a que ha llegado el Congreso de la República, cuya independencia es un verdadero hazmerreír.

El Presidente de la República, que siempre busca algún chivo expiatorio, le echó la culpa al Congreso y, según versión del diario El Tiempo del 12 de diciembre, dijo en tono descompuesto que “un Congreso investigado que no legisla no puede decirle a la gente que no pida cerrarlo”, lo que constituye una amenaza inadmisible contra el Poder Legislativo.

En realidad, los responsables de la situación son el gobierno y su bancada en el Congreso de la República, que arrastran el pesado lastre de la “parapolítica”, la “yidispolítica”, el clientelismo, el tráfico de influencias y los demás males derivados de la corrupción que carcome al régimen.
La Reforma a la Justicia hubo de ser retirada por el propio gobierno que la había presentado, por la oposición de las altas cortes y debido a que no resolvía ninguno de los problemas, pues lo que buscaba era recortar las funciones de la Corte Suprema de Justicia y minar la independencia del Poder Judicial.

La Reforma Política, que tampoco va al fondo de los problemas fundamentales del país, estuvo enredada durante lago tiempo porque un numeroso grupo de senadores uribistas se declaró impedido para votarla en razón de estar procesados o de haber reemplazado a senadores condenados o juzgados por la “parapolítica”. Al final, utilizaron sus mayorías para negar los impedimentos y habilitar a su bancada para votar la reforma, lo cual, aunque pueda ser legalmente válido, es éticamente inaceptable puesto que el conflicto de intereses no desaparece por obra y gracia de una votación. Como gran logro de esta reforma, el gobierno destaca la llamada “silla vacía”, que sólo tendrá vigencia a partir del año 2010, con el fin de poner a salvo a los actuales congresistas procesados por la “parapolítica” e impedir que sus mayorías parlamentarias vayan a ser afectadas. Sin embargo, el Ministro del Interior no tuvo ningún inconveniente en afirmar que la reforma “es una purificación de la política”.

El referendo reeleccionista no sólo acusa los efectos de los turbios manejos de su financiamiento, sino que fue objeto de posiciones contradictorias por parte del gobierno. Primero, el Presidente de la República solicitó que se le dejara en un segundo plano para que no entorpeciera el trámite de los demás proyectos, y, cuando estaba a punto de naufragar, el Ministro del Interior se afanó para que se tramitara, siendo aprobado en la Cámara de Representantes en medio de un grotesco espectáculo y de acusaciones de que varios parlamentarios estaban bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, en otra maniobra habilidosa del gobierno para evitar que se hundiera, el Presidente de la República convocó unas controvertidas sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo al despuntar el 17 de diciembre para aprobar la conciliación y asegurar que en las próximas sesiones del Congreso la reelección continué su trámite legislativo.

El Proyecto de Ley de reparación a las víctimas fue sistemáticamente saboteado por el gobierno, y lo que quedó como resultado constituye una burla al Derecho Internacional Humanitario y una afrenta a las víctimas de los crímenes del Estado y del paramilitarismo.

Estos son apenas algunos ejemplos que demuestran nítidamente la responsabilidad del gobierno y de la bancada uribista, que actúan a espaldas de la realidad y todos los días profundizan la crisis del país.

La oposición, particularmente la que representa el Polo Democrático Alternativo, ha cumplido su papel de ejercer el control político, presentar iniciativas, denunciar y combatir todo aquello que afecte los intereses populares y acompañar las luchas sociales.

Participamos activamente en los debates sobre la “parapolítica, la “Yidispolítica”, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas, el acuerdo humanitario y la salida negociada al conflicto interno, las violaciones a la libertad sindical, y a los derechos de los trabajadores, la crisis financiera y económica mundial y sus repercusiones en Colombia, y, últimamente, en el enjuiciamiento de la incuria gubernamental frente al fenómeno de las “pirámides” y otras formas de captación ilegal de dinero, que han causado un verdadero desastre social en varias regiones del país.

Fuimos titulares de iniciativas legislativas como el proyecto de Estatuto del Trabajo, que busca asegurar el cumplimiento de los convenios de la OIT y el respecto a la libertad sindical; el Proyecto sobre Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, el Proyecto para garantizar los derechos laborales y sociales de las madres comunitarias y el Proyecto por el cual se declara urgencia vital la atención integral del servicio de salud materna.

Fuimos ponentes de proyectos sobre Riesgos Profesionales, eliminación de las cuotas moderadoras y copagos a los pensionados, ampliación de la cobertura familiar en salud para los familiares de los pensionados, derechos patrimoniales y de seguridad social para las parejas del mismo sexo y archivo del Proyecto sobre la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades públicas nacionales, que, no obstante nuestra ponencia negativa, fue aprobado por la mayoría utibista en la Comisión Séptima del Senado. En la rendición de ponencias, actuamos siempre bajo el criterio de favorecer el interés de los sectores populares y del país.

También contribuimos al trámite de otros proyectos de beneficio social, como el que resolvió la situación más de 120 mil servidores provisionales del Estado, y estuvimos atentos a dejar constancias o a hacer pronunciamientos públicos sobre los hechos que al interior del Congreso de la República o fuera de él afectan a los trabajadores y a la población.

Lamentamos que el balance altamente positivo de la bancada del PDA se haya visto empañado por el voto de la mayoría de sus senadores en la elección del nuevo Procurador General de la Nación, un personaje de la más oscura caverna derechista, cuyas concepciones están en abierta contradicción con el Ideario de Unidad del Polo.

Realizamos una intensa actividad extraparlamentaria y fuimos partícipes de numerosos eventos, entre los cuales destacamos las audiencias públicas realizadas en Buenaventura, Saravena, Arauquita y Catatumbo, en donde recibimos los testimonios y denuncias de la población sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos; la audiencia en Palmira (Valle) con los corteros de caña de los ingenios azucareros, para escuchar sus demandas y expresarles nuestra solidaridad con su justa lucha, y la audiencia en Soacha (Cundinamarca), con la Minga indígena, para hacer causa común con este sector de compatriotas, que enfrentan la discriminación, las violaciones de sus derechos ancestrales y la represión del gobierno.

Organizamos varios foros sobre nuestros proyectos de ley y sobre otros temas de especial interés, como los que realizamos en Bogotá, Cali, Palmira, Pasto y Medellín alrededor del Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, con la presencia de numerosos grupos de jóvenes, así como el Foro efectuado el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, sobre el desplazamiento forzado y sus efectos en la mujer, y el Foro sobre los derechos patrimoniales y prestacionales de las parejas del mismo sexo.

Atendimos numerosas invitaciones a asambleas sindicales y otros eventos, para recoger opiniones sobre nuestro trabajo, informar sobre nuestras actividades parlamentarias, expresar la solidaridad con las luchas y mantenernos en contacto permanente con los problemas de la gente.

También adelantamos actividades de carácter internacional, entre las que consideramos de especial importancia el Foro de Sao Paulo, realizado en Montevideo (Uruguay), y la presentación de las memorias de la Segunda Plenaria Internacional por la paz de Colombia, llevada a cabo en España, eventos a los que asistimos para denunciar la situación que se vive en nuestro país y trabajar por la solidaridad internacional.

Desde luego, participamos activamente en la campaña electoral del Polo Democrático Alternativo para elegir los delegados al Segundo Congreso, encabezando la lista No. 14, que con una propuesta de izquierda logró la 4ª votación y eligió una significativa delegación que junto con los delegados regionales y sectoriales constituirá una fuerza importante para defender la unidad del Polo, avanzar en su desarrollo y fortalecimiento y convertirlo en la alternativa política que necesita el pueblo colombiano.

Nuestro compromiso inalterable con los cambios democráticos que requiere el país y nuestra firme posición contra el régimen retardatario de Uribe Vélez, han provocado una feroz campaña de persecución que se manifiesta en el proceso que se nos adelanta en la Corte Suprema de Justicia con base en las supuestas informaciones encontradas en los también supuestos computadores de “Raúl Reyes”. Para completar el cuadro, en los últimos días se nos ha abierto un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación, con base en informaciones de prensa, por un sinnúmero de presuntos delitos a cuál más estrambóticos, sin ningún fundamento serio. A todos estos hechos responderemos con la verdad y con la seguridad de que nuestra inocencia y la solidaridad de nuestro pueblo serán nuestro mejor escudo protector contra quienes pretenden eliminar el derecho a disentir y a hacer oposición.

Les deseamos a todos y todas una Navidad plena de dicha y los invitamos a hacer del 2.009 un año de luchas y de victorias, para lograr el acuerdo humanitario y avanzar en la búsqueda de la paz y de una sociedad en la que todos podamos vivir dignamente.

Con un abrazo fraterno y solidario,
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2008

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Misión de Observación y Verificación de los hechos en los que resulto muerto el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ

AVANCE INFORME

Misión de Observación y Verificación de los hechos en los que resulto muerto el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ el 16 de diciembre del 2008, en sitio San Pedro, corregimiento de Gabriel López , municipio de Totoró, jurisdicción de las autoridades indígenas del pueblo Totoroes, departamento del Cauca.

Las organizaciones sociales y de Derechos humanos que suscribimos el presente Avance de Informe, integrantes de la Misión de Observación y Verificación de los hechos en los que fue asesinado el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ en la madrugada del día martes 16 de diciembre del presente año 2008, nos permitimos expresar a la Consejera Mayor del CRIC, AIDA MARINA QUILCUE, a su pequeña hija, a sus familiares, a las autoridades tradicionales, al pueblo indígena del Cauca y a las Organizaciones Sociales en proceso de Minga y Resistencia, nuestros sentimientos de solidaridad y condolencia por el dolor que hoy les embarga.
Así mismo expresamos nuestra voz de protesta y absoluto rechazo frente a la agresión que ha cegado la vida de Edwin Legarda Vásquez. No cesaremos en la lucha contra la impunidad y porque la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición sean los pilares para dignificar la memoria y el legado del compañero Edwin.

Continuáremos acompañándolos hasta que
“Se apague el sol”

A continuación presentamos a la sociedad colombiana, al gobierno nacional, a las autoridades concernidas, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a los pueblos indígenas y a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el siguiente avance de informe recopilado durante los días 16 y 17 de diciembre de 2008:

1.-En la madrugada del martes 16 de diciembre del 2008, fue asesinado el comunero EDWIN LEGARDA VASQUEZ, miembro del resguardo indígena pickwe tha fiw y compañero, de la Consejera Mayor del Consejo Regional indígena del cauca (CRIC), AIDA MARINA QUILCUE VIVAS.

2.-Según versiones recibidas por diferentes fuentes y personas presentes en el lugar de los hechos, se ha establecido que el señor EDWIN LEGARDA VASQUEZ, se movilizaba en una camioneta 4X4, marca mazda, propiedad del CRIC, y utilizada por la Consejera mayor. Al llegar el vehículo a la altura del Kilometro 39, sitio conocido como Gabriel López, en dirección de Togoima a la ciudad de Popayan , fue objeto de un ataque indiscriminado con tiros de fusil efectuados por miembros de una unidad militar adscrita la batallón José Hilario López, al mando del sargento / tales.

3.-Los hechos sucedieron aproximadamente a las 4:20 a.m. de la madrugada, en momentos en que el indígena EDWIN LEGARDA V, conducía la camioneta del CRIC, en compañía de una indígena perteneciente al área de salud. Los ocupantes del vehículo se dirigían a recoger a la Consejera Mayor Aida Quilcue, quien participaría en una Junta Directiva a desarrollarse en el resguardo indígena de Togoima, municipio de Páez.

4.-La comisión verifico que el vehículo tipo camioneta, color rojo y de placas QR856, en que se movilizaban las víctimas, de propiedad del CRIC, había sido adquirida desde hacía más de 6 meses y este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales, habida cuenta que se trata de un vehículo al servicio de la Consejera y un medio de protección ante las reiteradas amenazas y hostigamientos de que ha sido objeto. Para la comisión, este hecho es indicativo que el mencionado vehículo esta suficientemente identificado y es ampliamente reconocido por pobladores y autoridades de la región, por que en varias oportunidades transito por la vía donde ocurrieron los lamentables hechos, y por que el mencionado automotor, era utilizado para las diligencias y actividades propias que adelanta AIDA QUILQUE, como Consejera mayor del CRIC . De igual manera durante la jornada de resistencia indígena y en la marcha hacia Bogotá, este vehículo fue utilizado permanentemente, lo que le dio mayor visibilidad y notoriedad pública.

5.-Las autoridades indígenas y pobladores de la región informaron a la comisión que la unidad militar responsable del crimen, se encontraba permanentemente más de un año en el sitio donde ocurrieron los hechos, y que al momento de los hechos no había señales propias y adecuadas que indicaran que se tratara de un reten militar.

6.-Con posterioridad a los disparos, EDWIN y su acompañante, logro salir de la emboscada en medio de nuevos disparos. Sin embargo debió detener la marcha 800 metros más adelante debido a las tres impactos de fusil que recibió en la parte superior del tórax y en otros lugares del cuerpo que posteriormente causaron su deceso.

7.-Según versiones de testigos presenciales, un automotor que minutos después transitaba en sentido contrario donde se desplazaba el Consejero VITELIO MENZA, observo la camioneta detenida al lado de la vía. Metros después fueron obligados a detenerse por los mismos soldados que habían baleado el carro del CRIC. Al tiempo que les exigieron bajarse del carro en medio de palabras agresivas y soeces, donde les preguntaban que si habían visto una camioneta blindada, según ellos, la cual habían baleado, y en donde al menos deberían haber “dos hujueputas muertos”. Seguidamente los conminaron a continuar y a negar haber visto el Ejercito en la zona.

Estando allí, los pasajeros de este automóvil detenido por la tropa, presenciaron la llegada de una persona de civil, que, a juzgar por la familiaridad con que se dirigió a los soldados, hacia parte del mismo operativo en el que resulto baleada la camioneta del CRIC, y quien al parecer habría sido el responsable de suministrar la información al Ejercito del momento en que la camioneta del CRIC pasara por el lugar.

8.-Pocos minutos de ocurridos los hechos, integrantes de la guardia indígena y cabildantes que viven en el sector donde fue asesinado EDWIN LEGARDO, en ejercicio de su jurisdicción indígena y derecho propio buscaron asegurar las pruebas, y para tal efecto realizaron un cerco preventivo para acordonar el sector, proteger la escena del crimen y evitar la fuga de las unidades militares responsables del asesinato de EDWIN.

9.-Esta acción se mantuvo hasta que se hizo presente una Comisión del CTI. En un principio las autoridades indígenas debieron enfrentar las pretensiones de la Juez de instrucción Penal Militar del Batallón José Hilario López, de asumir la competencia de la investigación penal. En las gestiones preliminares se logro determinar que la unidad militar comprometida en los hechos estaba conformada por 32 soldados y 3 suboficiales.

10.-Las primeras versiones del comandante de la unidad militar, así como de los soldados comprometidos en el asesinato de EDWIN y las heridas a su acompañante, aseguraron que habían respondido a disparos que inicialmente les habían hecho desde el vehículo. Posteriormente los soldados afirmaron que se habían visto obligados a disparar ante la negativa de la camioneta a acatar la orden de Pare que le habían hecho a la camioneta. Esta misma versión fue ratificada por el General JUSTO ELISEO PEÑA, Comandante de la III División del Ejercito quien señaló que “Edgar Legarda murió al no acatar la orden de pare en un reten militar”1

11.-Esta versión fue inmediatamente desmentida por que tanto la Comisión del CTI y las autoridades indígenas lograron constatar la inexistencia del mencionado reten militar, y de elementos de señalización como conos reflectivos, y otros distintivos.

12.-Dentro de las pesquisas de investigación, las autoridades indígenas constataron la existencia de huellas ubicados a lado y lado de la carretera donde fue baleada la camioneta, lo que evidencia la presencia de soldados apostados durante tiempo considerable, a la espera, probablemente, del paso del vehículo en el que debería movilizarse la consejera mayor Aida Quilcué. Inexplicablemente. El CTI no quiso consignar en su informe estas evidencias, ante lo cual las autoridades indígenas decidieron adoptar los servicios de un autorizado perito que recogió la mencionada prueba acogiéndose a todos los protocolos exigidos para ello.

13.-La Comisión conjunta de autoridades indígenas y CTI, logro consignar la existencia de aproximadamente 105 vainillas de arma larga, fusil, 16 de ellos alojados en las partes laterales de la camioneta. Solamente tres de estos, en la parte posterior del mismo automotor. Lo cual desmiente la versión inicial según la cual la tropa disparo ante la omisión de pare.

14.-Durante la diligencia de aseguramiento de la cadena de custodia - protección de las pruebas en la escena del crimen- las autoridades indígenas expresaron su extrañeza por a existencia de 3 fusiles mas y una ametralladora M60 adicionales a los fusiles de dotación de los 35 implicados. Estos tres fusiles y la ametralladora no pudieron inicialmente justificados por el mando militar del operativo., particularmente el Sargento ALEXIS RAMIREZ VIVAS.

15.-Todo esto difiere radicalmente de la versión de algunos testigos que escucharon los primeros disparos y de quienes escucharon la versión de la persona que acompañaba a EDWIN, al momento de los hechos, y quien habría asegurado que nunca observaron ningún tipo de señalización o elementos convencionales que identificaran algún reten o puesto de control militar. Tampoco escucharon ninguna orden de pare, y que en el sitio donde fueron emboscados, escucharon una nutrida ráfaga de disparos y observo que los fogonazos producidos por los proyectiles, salían de ambos lados del camino y que se hacían de manera diagonal y lateral a la camioneta. También afirma que después de los disparos, y mientras EDWIN aceleraba la camioneta procurando salir de la emboscada, la tropa, continuo disparando e incluso algunos de ellos, persiguieron el automóvil durante un trecho largo.

16.-En horas de la tarde y después que se realizaran las pruebas técnicas por parte del CTI se suscribió un acuerdo entre autoridades indígenas del Cauca y el Brigadier General LEONARDO BARRERO, en el que este se comprometió a desmentir las versiones iníciales según las cuales EDWIN LEGARDA VASQUEZ, abría omitido la orden de pare hecha por la Unidad Militar responsable de los hechos, y de igual manera desmentir las versiones mal intencionadas que pretendían mostrar que las actividades de aseguramiento de las pruebas efectuadas por las autoridades indígenas constituían un “secuestro” tanto de los efectivos militares como los miembros del CTI. La Comisión resalta que dentro de los compromisos asumidos por el Brigadier Barrero se contempla que “... los efectivos militares serán recluidos en la Guarnición militar pertenecientes al batallón José Hilario López, hasta tanto la Justicia ordinaria defina su reclusión final ”2

17.-Para constatar el cumplimiento mencionado anteriormente, miembros de la Comisión se desplazaron en la mañana del 17 de diciembre a la sede del Batallón José Hilario López, donde se sostuvo entrevista con el Teniente Coronel ALEXIS IVAN CANTILLO BARRAZA, Comandante de este Batallón, y se verifico que los soldados responsables de los hechos, no se encuentran en calidad de detenidos, no cuentan con vigilancia y por el contrario algunos de ellos continúan ejerciendo actividades propias de su cargo militar.

18.-La Comisión pudo verificar que los hechos ocurrieron un día después que la Consejera mayor AIDA MARINA QUILCUE VIVAS. regresara de Ginebra, Suiza, donde estuvo participando activamente en las sesiones del Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas, efectuado el 10 de diciembre, donde Colombia fue sometida al Examen periódico universal (EPU) por parte de este organismo. Durante las sesiones la Consejera informo a la comunidad internacional la grave situación de derechos humanos y derechos humanitario que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia y las razones por las cuales los pueblos indígenas y otras organizaciones sociales se han declarado en minga permanente por la defensa de la vida, sus derechos, la autonomía y el territorio

II. Contexto General sobre la Situación de las comunidades indígenas en Colombia

1.-Según la información suministrada por el DANE, derivada del Censo General 2005, Colombia presenta una población indígena total de 1.378.884 personas y una población indígena asentada en resguardos de 933.800

[1]Acuerdo extraordinario entre las autoridades indígenas del Departamento del Cauca y el Brigadier general Leonardo Barrero respecto de los hechos donde resulto muerto el comunero EDWIN LEGARDA, esposo de la Consejera mayor del CRIC, a manos de un grupo militar perteneciente al Batallón José Hilario López.

personas, que incluye resguardos contemporáneos y los históricos de origen colonial y republicano. De acuerdo con esta información institucional en Colombia existen 445.084 indígenas que no poseen un territorio colectivo reconocido por el Estado que representa el 27% de la población indígena nacional. 3

2.-Los grupos indígenas más grandes son los Wayuu, que viven en el departamento de La Guajira, y los indígenas Páez, habitantes del departamento de Cauca4. Se incluyen agricultores, recolectores y pescadores, así como comunidades campesinas indígenas y pequeños grupos nómadas. También existe una creciente población indígena urbana.5

3.-Los indígenas habitan en todo el relieve del territorio nacional, y se encuentran en 27 de los 32 departamentos y en 190 municipios aproximadamente, de ese número, un 80% habita en la zona Andina y en la zona del Pacífico. Viven principalmente dentro de territorios de propiedad colectiva llamados Resguardos, de los cuales actualmente existen 567, que cuentan un territorio de 36.500.416 hectáreas en total, aproximadamente el 25% del territorio nacional6, a pesar de ello, la mayoría de los territorios ocupados por las comunidades indígenas no son aptos para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales7.

4.-La Constitución Política de 1991 marcó un momento muy importante en la historia de las comunidades indígenas de Colombia, pues por primera vez el ordenamiento jurídico reconoció su diversidad étnica y cultural, además de ello, la Constitución les garantiza los derechos que le son inherentes respetando su idioma, su territorio comunal y tradicional, sus patrimonios culturales y sus autoridades; y, como un paso importante en dicho reconocimiento, la Carta constitucional creó la Jurisdicción Especial Indígena, mediante la cual se autoriza a las comunidades indígenas aplicar justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a la ley.

[1] AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA ONIC. Las cifras del genocidio contra los pueblos Indígenas de Colombia. Octubre 2008
[1]GALEANO LOZANO, Myriam. Resistencia Indígena en el Cauca: Labrando otro Mundo 2006, p. 16
[1]Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cuestiones Indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición Misión a Colombia. E/CN.4/2006/78/Add.4., 10 de noviembre de 2004. Párrafo 3. Anexo 53.
[1] Ver www.etniasdecolombia.org
[1] HRISTOV, Jasmin, Indigenous Struggles for Land and Culture in Cauca, Colombia, 32 Journal of Peasant Studies 1:88 (2005), pp. 97.

5.-Lo anterior no obsta para considerar que si bien el Estado ha realizado algunos esfuerzos tendientes a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, éstos siguen siendo uno de los grupos sociales más afectados por condiciones de marginación y exclusión, y por la permanente, sistemática y reiterada violación a sus derechos humanos que los coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

6.-El Relator Especial sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, señaló en su Informe de Misión a Colombia en 2004 que “hoy en día, la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Un gran número de comunidades sufre condiciones de violencia persistente en el marco de un conflicto armado que tiene impactos considerables en sus condiciones de vida cotidiana. Está incluso amenazada la supervivencia física y cultural de algunas comunidades indígenas muy vulnerables, especialmente en la Amazonía”8.

7.-En el informe de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas sobre la situación de las comunidades indígenas en Colombia se señalo en los informes del año 2007 y 2006 lo siguiente:

64. Las comunidades indígenas y afro colombianas han visto lesionadas la conservación de su identidad cultural, la integridad de sus territorios y la permanencia de sus formas de organización social. Sus miembros han sido víctimas de homicidios, amenazas y estigmatizaciones atribuidos a miembros de los grupos armados ilegales, y de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos imputados a efectivos de la fuerza pública. Entre las comunidades indígenas más afectadas están las de Nariño, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía. En Putumayo, Caquetá y Guaviare varios pueblos indígenas continúan en peligro de extinguirse. La Corte Constitucional resaltó la necesidad de hacer mayores esfuerzos para prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y afro colombianos especialmente afectados por ese fenómeno en este último año9.

8.-Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades indígenas se demuestran en las siguientes cifras que comprende el periodo del 1 de enero del 2002 al 16 de octubre del 2008 , y que refleja lo siguiente10:

[1] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cuestiones Indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición Misión a Colombia. E/CN.4/2006/78/Add.4., 10 de noviembre de 2004. Párrafo 3. Anexo 53.
[1] Auto Nº 218 de 2006 de la Corte Constitucional.

INDIGENAS ASESINADOS ENTRE 01 DE ENERO DEL 2002 Y EL 16 DE OCTUBRE DEL 2008

MASACRES DE INDIGENAS ENTRE 01 DE ENERO DEL2002 Y 15 DE
OCTUBRE DEL 2008

AÑO PUEBLO INDIGENA No. MASACRES No. VICTIMAS RESPONSABLES 2002 WIWA 01 12 PARAMILITARES KANKUAMO 01 16 PARAMILITARES 01 06 DESCONOCIDOS AWA 01 06 PARAMILITRES INGA 01 05 PARAMILITARES SIONA 01 03 PARAMILITARES SUBTOTALES 06 48 2003 KANKUAMO KANKUAMO 01 05 PARAMILITARES 01 04 DESCONOCIDOS EMBERÁ CHAMI 01 04 DESCONOCIDOS NASA 01 05 DESCONOCIDOS SUBTOTALES 04 18 2004 WIWA 04 40 PARAMILITRES NASA 01 06 FARC SUBTOTALES 05 46 2006 AWA 01 03 FARC SUBTOTALES 01 03 2008 SIKUANI 01 04 FARC NASA 01 04 PARAMILITARES PASTO 01 03 FUERZA PUBLICA AWA 01 03 DESCONOCIDOS YANACONA 01 03 DESCONOCIDOS EMBERÁ CHAMI 01 03 PARAMILITRES SUBTOTALES 06 20 TOTALES 22 135

[1]AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA ONIC. Las cifras del genocidio contra los pueblos Indígenas de Colombia. Octubre 2008

Por su parte el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunitario realizado en la ciudad de Popayán (Cauca) el día 15 de marzo del 2008 califico de delincuentes a las comunidades indígenas del Cauca y ordeno poner precio/recompensa por sus cabezas, en los siguientes términos:

“.. ¿ Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores”…
“¡Ofrezcámoslas! eso ha sido muy útil en el país. Dicen: “no, es que están allá, están tan consolidadas, que no los rompen”. Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen “no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro”. Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros (…)”

Señalo también:

. “los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General” y ordeno: (….) las autoridades militares y de Policía quedan esta noche autorizados para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización.

Estos graves señalamientos y provenientes desde el mismo Presidente de la República, han agravado la situación de seguridad de los lideres indígenas.

III. Sobre la movilización indígena: MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR:

1.-El 12 de octubre del 2008, Los pueblos indígenas y sus autoridades convocaron a sectores sociales, populares y democráticos a una jornada de unidad comunitaria. Dentro de los objetivos planteados se encuentran los siguientes:

*Resembrar en la memoria colectiva, que los pueblos indígenas desde 1492 han sido sistemáticamente exterminados, situación que se ha agravado en los últimos dos periodos del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.


*Defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios

*Denunciar los vínculos de sectores del congreso y de la vida política nacional con estructuras paramilitares responsables de graves crímenes contra la humanidad

*Exigir el pleno respeto de los derechos humanos


*Dentro de su cosmovisión la defensa de la madre tierra.


*Dentro de las peticiones formuladas al Gobierno Nacional se encontraban las siguientes


*Que se implementaran medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria de los pueblos indígenas, en especial lo que se encuentran en vía de extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas.


*El restablecimiento de los derechos territoriales mediante el cumplimiento de acuerdos celebrados y la concreción de una política integral en atería territorial, así como el resarcimiento publico del buen nombre de los pueblos indígenas y reparación integral a las victimas de la madre tierra

*La ratificación inmediata por parte del Estado Colombiano, de la declaración de la ONU sobre Derechos de los pueblos Indígenas y apoyo a la aprobación de la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA

*La derogatoria de la ley 1152 o estatuto rural y decretos presidenciales 2838, 1500 y 779 del 2008, así como la resolución del ICA que prohíbe el comercio de aves de corral

*El Respeto y garantía a los derechos a la Verdad, a Justicia y Reparación Integral por los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares en connivencia y aquiescencia con agentes del estado

2.-Particularmente en el Departamento del Cauca, las comunidades indígenas han solicitado el cumplimiento de acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional en diversas oportunidades entre estas la reparación colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado a instancias de la CIDH, por los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 1991 , donde fueron asesinados 20 indígenas peces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares.

3.-Previo a la movilización, y especialmente entre el 17 de septiembre del 2008 y el 15 de octubre del 2008 han sido asesinados mas de 29 indígenas.

4.-Algunos de estos hechos se cometieron en el resguardo nuestra señora de la Montaña, municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, donde fueron masacrados los Indígenas pertenecientes a los Embera Chamí: Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol, y Cesar Largo Alarcón, y herida la mayor de 70 años María Angélica Alarcón, y cuya responsabilidad se atribuye a estructuras paramilitares que se autodenomina “águilas negras”. En el Departamento del Cauca, han sido asesinados 11 indígenas, entre ellos, Toribio Nicolás Valencia Lemus y de Jámbalo Celestino Rivera

5.-En el norte del Cauca, municipio de Toribio fue asesinado Nicolás Valencia Lemus y en el municipio de Jámbalo, el indígena Celestino Rivera y Cesar Hurtado Trochez. Así mismo el ex - consejero mayor del Cric Raúl Mendoza, quién fuera asesinado el 28 de septiembre del 2008

6.-Dirigentes indígenas en diferentes regiones del país han sido amenazados de muerte por estructuras paramilitares. Particularmente al correo electrónico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), llego una amenaza firmada por CEC (Campesinos Embejucados del Cauca) anuncia que “siendo aproximadamente las 00:00 de esta Noche, recibirán información sobre la muerte de paHECES y cabecillas ex guerrilleros del CRIC por campesinos, lo que les será confirmado Telefónicamente a causa de su irrespeto”. Se refieren a los indígenas como paHECES, con lo que exponen su racismo y los señalan como excremento.

7.-La amenaza de 7 páginas enuncia en su contenido pleno de odio y falsedades, y la decisión de difamar el proceso indígena y dar inicio al terror y a la muerte. Estos hechos coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano.11

8.-La movilización indígena se inicio de forma pacífica en varios departamentos del Cauca (Comunidades indígenas Nasa, Yanacona), Valle del Cauca (comunidades indígenas Emberas Chamí, Aperaras Siapidaras y Wannan), Huila, (Comunidades Indígenas Nasas, Guámbianos y Yanaconas), Guajira (comunidades indígenas Wayuu), Córdoba (Comunidades indígenas Zenú, y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge), Caldas (Embera Chamí), Córdoba, Sucre, Boyacá y en otros departamentos del país. Sin embargo la Fuerza Pública dio un tratamiento de guerra a una movilización social, atacando con armas de fuego, armas no convencionales, machete, asesinado a uno de ellos en el departamento del Cauca, e hiriendo a más de un centenar de ellos, bloqueando alimentos y quitando provisiones (alimentos y víveres) y, limitando el derecho a la circulación, apoyados con tanquetas y helicópteros, gases lacrimógenos y granadas. El saldo 3 indígenas asesinado y más de 120 heridos.

9.-Posterior a la movilización realizada por las comunidades indígenas a la ciudad de Bogotá, se han presentado varios hechos de hostigamientos, y violaciones los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se ha recibido información que más de 8 comuneros indígenas habrían sido asesinados en extrañas circunstancias. Así mismo que se estarían adelantado procesos judiciales contra miembros de la Guardia Indígena y lideres de las comunidades indígenas. Así mismo se presento un atentado contra los equipos de comunicación de Radio PAYUMAT CXAB WALA KIWE, que la tiene fuera del aire, lo que se constituye en un atentado contra la libertad de expresión.

IV. La Justicia Penal Militar no es competente para asumir la investigación penal por el asesinato del Indígena EDWIN LEGARDO

La Corte Interamericana de Derechos humanos en reiterada jurisprudencia ha señalado con respecto a la Jurisdicción Penal Militar que entre otros aspectos lo siguiente:

“165. …en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

166. Es necesario señalar que la jurisdicción militar se establece en diversas legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. En el caso de la legislación colombiana, el artículo 221 de la Constitución Política de 1991 dispone que los tribunales militares conocerán “[d]e los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. Esta norma indica claramente que los jueces militares tienen una competencia excepcional y restringida al conocimiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública que tengan una relación directa con una tarea militar o policial legítima.

167. Al respecto, la Corte ha dicho que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Como ha establecido la Corte con anterioridad, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial.

168. En este sentido, al resolver una demanda de inconstitucionalidad mediante sentencia de 5 de agosto de 1997, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre la jurisdicción penal militar e indicó, inter alía, que: “[…] para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar […] el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. […] Si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. [… E]l vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública”.12

Conforme a lo anterior, y la comisión considera que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetro el asesinato del comunero indígena EDWIN LEGARDO, no se puede calificar como un acto relacionado con el servicio y por el contrario se constituyo en una grave violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y por tanto la investigación penal debe ser adelantada por las autoridades indígenas conforme a su jurisdicción, autoridades y derecho propio

V. Porque la jurisdicción Indígena es la competente para conocer de la investigación por el asesinato EDWIN LEGARDO

El artículo 246 de la Constitución Nacional. Establece


“… Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional.”

1. “En caso de conflicto entre el interés general y otro interés particular protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto a la luz de los principios y valores constitucionales.13Y en el mismo sentido:

2. El procedimiento de solución de conflictos entre unidad y autonomía debe atender a las circunstancias del caso concreto: la cultura involucrada, el grado de aislamiento o integración de ésta respecto de la cultura mayoritaria, la afectación de intereses o derechos individuales de miembros de la comunidad, etc. Corresponderá al juez aplicar criterios de equidad, para dirimir el conflicto, teniendo en cuenta los parámetros constitucionales y jurisprudenciales establecidos al respecto.

3. El derecho colectivo de las comunidades indígenas, a mantener su singularidad, puede ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad.

Ahora bien, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígena a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo.


Las autoridades indígenas están facultadas para asumir investigaciones por hechos que ocurran en su jurisdicción, en el presente caso a esta comisión no le asiste duda alguna que se reúnen a cabalidad tanto en elementos subjetivos y geográficos, teniendo en cuenta que el crimen afecto tanto a una comunidad indígena, a sus familiares directos y a sus autoridades. Se cometió el delito en el Territorio del pueblo Totoró y por tanto son sus autoridades y su jurisdicción especial a quienes corresponde el juzgamiento conforme a los parámetros establecidos en el derecho propio, esta comisión de justicia debe continuar la investigación penal y conforme a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados impartir justicia, establecer la verdad de los hechos, y ordenar que se repare integralmente, tanto individual y colectivamente a los familiares, al pueblo indígena del Cauca y al procesos de resistencia indígena y popular.

RECOMENDACIONES


A las autoridades judiciales
Que se impulse y fortalezca una comisión especial de justicia de la jurisdicción especial indígena, que asuma conforme a su derecho propio la investigación , juzgamiento y sanción por los hechos en que fue asesinado el Comunero Indígena EDWIN LEGARD
Que se establezca un convenio de cooperación con el Cuerpo Técnico de Investigación para efecto de asegurar, preservar las pruebas en coordinación con la comisión de justicia e investigación de la jurisdicción indígena.

Que se adopten medidas de protección y seguridad para los testigos de los hechos previa concertación con los mismos, las autoridades indígenas y que prevalezca la cosmovisión de los pueblos indígenas, sus autoridades y conforme a la jurisdicción indígena y el derecho propio.

Mientras los órganos pertinentes dirimen la competencia en favor de la jurisdicción indígena, se ordene la remisión del proceso penal a la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia se solicite ante el Juez de Control de garantías, la captura inmediata de los implicados. Así mismo, que dentro del programa metodológico se tenga en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos, la masividad y sistematicidad de los crímenes cometidos contra la pueblos indígenas del Cauca, los máximos responsables, cadena de mando y la intencionalidad del crimen, que no solo afecto a la victima directa, a los pueblos indígenas, así como a la minga en resistencia.Que la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos que investigue y sancione a los responsables de las amenazas, atentados y violaciones a la vida e integridad personal de los pueblos indígenas del Cauca y sus autoridades tradicionales.

A la Corte Constitucional, declarar un estado de cosas inconstitucional de los derechos de los pueblos indígenas dado las múltiples agresiones, atentados y homicidios sufridos y violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos que son víctimas nuestros pueblos indígenas.

Al fiscal General de la Nación, que ordene la elaboración de un informe sobre el estado de los procesos penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre la situación de las judicializaciones y criminalización que afectan a líderes, miembros de la Guardia indígena y comuneros, indicando si existen estos procesos, en caso afirmativo si se han proferido ordenes de captura u otro tipo de determinaciones que afecten a estas personas, informe que deberá ser enviado a las autoridades indígenas del CRIC y la ONIC.

A los órganos de control.

Que se cree un comisión especial que investigue los hechos en que fuera asesinado EDWIN LEGARDA, y en ejercicio del poder preferente asuma inmediatamente la investigación disciplinaria que permitan la sanción disciplinaria tanto de los militares que participaron en los hechos, como de los comandantes que emitieron las ordenes

Que se elabore un informe que contenga las hechos violatorios a las comunidades indígenas, que en un alto porcentaje son presentados como errores militares que permitan demostrar la sistematicidad y masividad de estos crímenes.

Que la Defensoría del pueblo profiera un Informe Defensorial que de cuenta de la situación de derechos humanos y derecho humanitario, así como de la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales para que se adopten medidas para su protección y pervivencia.

Al Gobierno Nacional.

1. Que el Presidente Álvaro Uribe Vélez haga un pronunciamiento público ante los medios masivos televisivos en horario triple A, donde reconozca la responsabilidad por el asesinato del comunero EDWIN LEGARDA VASQUEZ, reconozca la gravedad de los hechos, y que en uso de su facultad discrecional destituya a todos los comprometidos en la cadena de mando por este execrable, toda vez que este hecho se inscribe en un patrón de crímenes masivos y sistemáticos contra los pueblos indígenas y sus autoridades.

2. Que cesen los pronunciamientos que descalifican y estigmatizan como terroristas el libre ejercicio al derecho a la protesta, se ampare los derechos de los pueblos indígenas partícipes en la minga de Resistencia Indígena y Popular, así como los derechos a la vida, integridad personal y colectiva, a la reunión y manifestación y la asociación, el derecho al territorio, la diversidad étnica, cultural y autonomía de los pueblos indígenas, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la libertad personal, la libertad de expresión, la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos.

3. Que el gobierno nacional adopte medidas de protección concertadas con los pueblos indígenas para la protección y defensa de sus derechos colectivos.

4. Que se ordene a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa Nacional, el respeto a la Autonomía de los pueblos indígenas y por lo tanto se ordene el retiro inmediato de las tropas de sus territorios que ha puesto en riesgo su vida, su integridad y si cosmovisión como pueblos originarios.


A la comunidad internacional.
A la Comisión Interamericana que decrete medidas cautelares a favor de las autoridades indígenas, líderes, y testigos del hecho y que solicite al gobierno colombiano que adopte medidas urgentes de protección para los pueblos indígenas previa concertación con sus autoridades y que prevalezca su cosmovisión, sus usos y costumbres.


A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que haga un monitoreo permanente sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y que solicite al gobierno colombiano el cumplimiento de las recomendaciones sobre el tema indígena y en particular las recomendaciones del relator especial de los pueblos.

A los Gobiernos europeos y Estados Unidos que condicione cualquier tipo de ayuda militar, convenios de cooperación o firma de tratados comerciales al cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia

Suscriben:

Comisión Nacional de Verificación y Observación de los hechos sucedidos el 16 de diciembre de 2008, en Totoró Cauca, donde fue asesinado el comunero indígena EDWIN LEGARDA VASQUEZ.

Organizaciones que la conforman:
- Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-

- Colectivo de Abogados “José Alvear Retrepo”/ FIDH

- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

- Asociación Para la Promoción Social Alternativa –Minga-

- Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –Reiniciar-

- Organización Femenina Popular – OFP-

- Programa No gubernamental de Defensores de Derechos Humanos –Somos Defensores-

- Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC

- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE-

- Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales.

Popayán, Diciembre 17 de 2008.

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FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO DE LUCHAS Y VICTORIAS POPULARES

Al acercarnos a la finalización del año 2008 y aprestarnos a darle la bienvenida al 2009, les hago llegar mi saludo más afectuoso y efusivo a todos(as) los(as) colombianos(as), particularmente, a los militantes y amigo del Polo Democrático Alternativo.

Sin la pretensión de hacer un balance del trabajo realizado a lo largo del año, destaco, en primer lugar, el ascenso de las luchas populares expresado en los paros de los corteros de caña, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, los educadores y otros sectores del Estado, las movilizaciones de los pensionados y los estudiantes y la Minga indígena, acciones todas que contaron con el respaldo decidido del Polo Democrático Alternativo y de su bancada parlamentaria.

Al interior del Congreso continuamos participando activamente en los debates de control político sobre la “parapolítica”, la “yidispolítica”, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas, el acuerdo humanitario y la salida negociada al conflicto interno, las violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y otros temas de interés nacional. Fuimos titulares de iniciativas legislativas como el Proyecto de Estatuto del Trabajo, que busca asegurar el cumplimiento de los convenios de la OIT; el Proyecto sobre Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio; el Proyecto para garantizar los derechos laborales y sociales de las madres comunitarias y el Proyecto por el cual se declara urgencia vital la atención integral del servicio de salud materna.

Así mismo, fuimos ponentes de proyectos sobre Riesgos Profesionales, eliminación de las cuotas moderadoras y copagos a los pensionados, ampliación de la cobertura familiar en salud para los pensionados, archivo del Proyecto sobre la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades públicas nacionales y otras iniciativas, buscando siempre favorecer el interés general. También contribuimos al trámite de otros proyectos de beneficio social, como el que resolvió la situación de más de 120 mil servidores provisionales del Estado, y estuvimos atentos a dejar constancias o a hacer pronunciamientos públicos sobre los hechos que al interior del Congreso de la República o fuera de él afectan a los trabajadores, a los sectores populares o al país.

La labor obstruccionista el gobierno y de la bancada uribista contra los proyectos de alcance social y su interés en iniciativas antipopulares como la frustrada reforma a la Justicia, el referendo reeleccionista o la vergonzosa reforma política, que no resuelve ninguno de los problemas fundamentales que aquejan su ejercicio, hicieron que el período legislativo que culmina fuera de precarios resultados.

Durante el próximo año seguiremos en nuestra labor de combate al régimen y de defensa de los intereses populares, no importa que tengamos que enfrentar la judicialización y los demás formas de persecución a la oposición política, estimularemos y respaldaremos las acciones de masas, porque estamos convencidos de que la lucha es el único camino seguro para logar las transformaciones democráticas que necesita el país, redoblaremos nuestros esfuerzos por el acuerdo humanitario y la paz con justicia social y mantendremos en alto la bandera de la unidad y el fortalecimiento del Polo Democrático Alternativo para convertirlo en opción real de poder para el pueblo.

Invito a todos(as) mis compañeros(as) a contribuir a estos propósitos democráticos y patrióticos, les deseo toda clase parabienes en Navidad y espero que el 2009 sea un año de luchas y de victorias para el pueblo colombiano.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2008

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APOYO A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Con motivo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos que se hace por primera vez a Colombia en materia de derechos humanos, y en el contexto de la conmemoración de los 60 años de la declaración general de los DD HH, la parlamentaria del Bundestag Heike Hänsel, vocero de la bancada del partido La Izquierda para temas de desarrollo ha hecho el siguiente pronunciamiento.

Con motivo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se hace por primera vez a Colombia en esta materia, demando nuevamente de la Canciller Federal Angela Merkel y del Ministro de Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier, tomar nota de las graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y extraer las consecuencias políticas para las relaciones con este país.

El gobierno de Uribe es parte del Problema de la violación de los derechos humanos, como lo muestra la vinculación de numerosos parlamentarios uribistas con estructuras paramilitares. Las llamadas “ejecuciones extrajudiciales” por las fuerzas militares se ha incrementado en los últimos años como lo han hecho publico numerosas agencias de derechos humanos. Se trata nada menos que de 1200 casos de ejecuciones aproximadamente en menos de 6 años. Las organizaciones de DD HH han sido atacadas y criminalizadas por parte del presidente Uribe mismo como también por altos representantes del gobierno impidiendo y amenazando su trabajo. A través de esa criminalización y difamación sistemática están siendo amenazadas masivamente organizaciones y activistas de los DD HH, que en acto seguido reciben también amenazas y ataques de grupos paramilitares.

Álvaro Uribe Vélez no puede ser contraparte en materia de derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos deben ser puesto bajo protección internacional, por ejemplo, a través de observadores independientes, en eso debería participar el gobierno federal.

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EN LA ELECCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

EN LA ELECCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Teniendo en cuenta que la Bancada del Polo Democrático Alternativo ha decidido en forma mayoritaria votar a favor del Dr. Alejandro Ordóñez, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, con fundamento en el artículo 18 de la Carta Política y en la Ley 974 de 2005 (Ley de Bancadas), me permito hacer uso del Derecho de Objeción de Conciencia, para votar negativamente la mencionada elección, acogiéndome a los siguientes argumentos:

1. Varios medios de comunicación y distintos columnistas de prensa han denunciado que la inclusión del Dr. Alejandro Ordóñez en la terna que debe ser sometida a consideración de la Plenaria del Honorable Senado de la República, estuvo acompañada de un ambiente profundamente clientelista que riñe con la seriedad, la pulcritud y la transparencia que debe imperar en la elección del más alto funcionario del Estado, que tiene como función constitucional, “ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial del quienes desempeñen funciones públicas; ejercer preferentemente el poder disciplinario y adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.

2. Son, igualmente, conocidas sus manifestaciones públicas de sectarismo religioso, lo que hace ruptura de la estricta separación entre las instituciones del Estado y las confesiones religiosas, que de suyo implica la violación flagrante al derecho de libertad de conciencia consagrado en el Estatuto Superior, que debe ser respetado y protegido ante la imposición de normas y valores morales particulares, que afectarían el interés general de la Nación, colocando en riesgo el principio indisociable de la democracia.

3. Una de las calidades que debe ostentar el funcionario encargado de la defensa de los DDHH en el país, es su total autonomía frente a los diferentes factores de poder que puedan incidir en la toma de decisiones y que tienen que ver con la vigilancia en el cumplimiento de la Constitución y las leyes; la intervención en los procesos ante las autoridades judiciales y administrativas cuando se trate de la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, sin ninguna clase de injerencia.

4. El honorable Congreso de la República debe ser consciente de que el nuevo Procurador tendrá que conocer de casos relevantes como la “yidispolítica” y otras actuaciones turbias que comprometen a altos funcionarios gubernamentales, y su identidad ideológica y política con el gobierno, es motivo de dudas acerca de la imparcialidad con que pueda proceder en tales casos. Las declaraciones del Dr. Ordóñez en el sentido de que cumplirá la Constitución y las leyes del país, no resultan suficientes, porque las funciones de la Procuraduría incluyen formular criterios en temas tales como la igualdad de derechos para las mujeres y los homosexuales, el aborto y la eutanasia, sobre los cuales ha manifestado su abierta hostilidad, lo que pone en entredicho la garantía de que estos derechos sean protegidos de la discriminación.

5. Soy respetuosa de las concepciones ideológicas y políticas que no coinciden con las mías, pero lo que está de por medio es la influencia que esas concepciones pueden tener en el desempeño de las funciones del Procurador, y considero que los antecedentes sectarios del Dr. Ordóñez no son prenda de garantía de su imparcialidad y objetividad. Al propio tiempo, lamento que el pragmatismo político haya primado sobre los principios y se haya convertido en el factor determinante de la votación de algunos parlamentarios, sin considerar que por encima de ello deben estar los principios éticos y morales, máxime cuando resulta altamente preocupante que los distintos poderes del Estado y los organismos de control estén siendo copados por los sectores más radicales de la derecha.

6. Por las razones anteriormente expuestas, en mi condición de Senadora de la República, hago uso de mi derecho de OBJECIÓN DE CONCIENCIA en la elección del Dr. Alejandro Ordóñez como Procurador General de l a Nación y anuncio públicamente MI VOTO NEGATIVO.

Bogotá, D.C. diciembre 10 de 2008.

GLORIA INÉS RAMIREZ RÍOS

Senadora de la República

En representación del Polo Democrático Alternativo

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LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERNAS DEL POLO

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

Hubo que esperar cerca de un mes para que el Consejo Nacional Electoral produjera los resultados definitivos de las elecciones internas realizadas el 26 de octubre para elegir delegados al Segundo Congreso Nacional y el Primer Congreso de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo.

La participación de más de 500 mil votantes es una demostración inequívoca de que el Polo se consolida como la columna vertebral de la oposición y se proyecta como la alternativa política del pueblo colombiano.

De poco valieron las maquinaciones de la derecha para descalificarlo y provocar discordias internas, porque en el Polo se aglutina lo más avanzado de la política de nuestro país y porque en la base hay cada vez mayor claridad de que lo que necesitamos no es una izquierda que le guste a la derecha, sino un alternativa auténtica de cambio democrático.

Quienes aspiraban a lograr una mayoría que les permitiera hegemonizar al Polo para poner en práctica una política de exclusiones o para imprimirle un rumbo que poco se diferencia del de los partidos de la oligarquía, deben tomar nota de que nuestros militantes se pronunciaron por un Polo en el que puedan tener cabida las distintas tendencias y sectores porque una de sus principales riquezas está en su amplitud y diversidad pero que su carácter amplio y pluralista no tiene por qué reñir con una posición definidamente de izquierda.

En correspondencia con los resultados electorales, el Segundo Congreso Nacional del Polo tiene la responsabilidad de avanzar en la definición de reglas de juego claras que aseguren el respeto a todas las tendencias, el desarrollo de la discriminación positiva para las minorías étnicas, las mujeres, los jóvenes y las distintas opciones sexuales y el tratamiento democrático y constructivo de las diferencias, para que de esta manera se fortalezca la unidad dentro de la diversidad, El elemento aglutinador ha sido y debe seguir siendo el Ideario de Unidad, cuyo desarrollo y profundización dependerán del avance en el análisis de la realidad nacional e internacional para actualizar y mejorar las propuestas programáticas y ponerlo a tono con las aspiraciones de cambios democráticos de nuestro pueblo.

Un aspecto que debe merecer especial atención es la lentitud que con frecuencia acusa la dirección del Polo para hacer presencia o para fijar posiciones sobre los hechos del acontecer nacional e internacional que así lo ameritan. Hay que disponer de mecanismos ágiles y ganar en operatividad para que nuestra militancia y el país sientan la presencia permanente del Polo con sus opiniones, orientaciones y acciones.

También es indispensable, en la época de la globalización, mejorar el trabajo internacional para ampliar y fortalecer nuestras relaciones, particularmente en América Latina, en donde el proceso de cambios progresistas que tiene lugar constituye una fuente de inspiración para nuestro accionar y nos demanda mayores compromisos. Temas como las políticas migratorias y la atención a los problemas de los exiliados colombianos deben ser de la especial preocupación del Polo. El cambio de gobierno en Estados Unidos debe implicar una mayor actividad contre el TLC, el Plan Colombia, el Plan Patriota y las demás formas de injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos, en aras de conquistar para nuestro país el respeto a la libertad sindical, a los derechos humanos y a nuestra soberanía nacional.

La presencia del Polo, en particular, de sus congresistas, en las luchas recientes de los corteros de caña y los indígenas, demuestran la importancia de articular el trabajo parlamentario con la acción de masas, de enraizarlo en el pueblo y convertirlo en el abanderado de sus luchas. Un partido o movimiento político ligado a las masas y comprometido con sus causas es capaz de sortear las más grandes dificultades y de conquistar los más altos ideales.

De otra parte, es evidente que, dada la coyuntura política del país, el tema de las candidaturas presidenciales hace parte de la agenda de todos los sectores políticos y que el Polo debe adoptar al respecto definiciones claras. La primera de ellas debe ser el respeto a la institucionalidad del Polo, de manera que las distintas aspiraciones personales o sectoriales sólo se resuelvan por los mecanismos democráticos internos y que el candidato elegido por el Polo se proponga para trabajar por una candidatura única de todas las fuerzas alternativas al régimen uribista. Y la segunda es comprometerse, en cualquier caso, con un programa básico de cambios que recoja las necesidades y aspiraciones más sentidas de nuestro pueblo en la actual etapa histórica.

Como cabeza de la Lista Nacional No. 14, caracterizadamente de izquierda, les hago llegar mi más profundo agradecimiento a todos(as) los(as) que nos respaldaron y nos permitieron ocupar el cuarto lugar de votación. Les aseguro que nuestros delegados, junto con los de las listas regionales y sectoriales, pondrán lo mejor de sí para que el Polo Democrático Alternativo salga de su Segundo Congreso más unido y fortalecido y en mejores condiciones para convertirse en la alternativa política del pueblo colombiano.

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2008

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EXITOSO CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Foto [CSDHPCC rvr]

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

Bajo la consigna “Por un gobierno democrático hacia la segunda emancipación”, se realizó en Bogotá, del 14 al 15 de noviembre de 2008, el XX Congreso del Partido Comunista Colombiano, con la presencia de cerca de 500 delegados, entre ellos una destacada participación de las mujeres y los jóvenes, provenientes de todas las regiones el país y de una nutrida representación internacional.

Las trabas puestas por el gobierno y la arremetida de represión en varios regiones, como en Arauca, donde fue detenido el compañero Martín Sandoval, delegado al Congreso, acusado de rebelión, no fueron capaces de impedir la realización exitosa del Congreso.

La asistencia de delegaciones del Consejo Mundial de la Paz, del Partido Comunista de Brasil, del partido Comunista Brasileño, de los partidos comunistas de Ecuador, Venezuela, Grecia, Portugal, Alemania y Francia, del Partido Refundación Comunista de Italia y del Partido de los Trabajadores de Bélgica, le dieron un carácter internacionalista al Congreso y reafirmaron el respeto que los comunistas colombianos tienen en el campo internacional.

Las tres principales comisiones de trabajo –Política, de Organización y de Masas- abordaron los temas más importantes de la realidad nacional e internacional, así como los asuntos internos del Partido, con miras a adoptar conclusiones que posibiliten actuar adecuadamente en la difícil situación que afronta el pueblo colombiano. De manera especial se examinó la profunda crisis que atraviesa el sistema capitalista mundial, entrelazada con las crisis energética, alimentaria, social y ambiental, que “conduce a una nítida revalorización y vigencia del marxismo como teoría y fundamento de la acción política de los trabajadores y las clases contrahegemónicas”, y que pone en cuestión el dominio imperialista de los Estados Unidos, al tiempo que acelera el resquebrajamiento del régimen de la “seguridad democrática”, corroído por la criminalidad mafiosa, y cuyo modelo económico está en un franco proceso de crisis con graves efectos que pretenden ser descargados por el gobierno y los patronos sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares.

Al propio tiempo, se constató el esperanzador ascenso del movimiento de masas, expresado en luchas tan importante como las de los corteros de caña, los empleados y funcionarios del poder judicial, los trabajadores estatales y la Minga de resistencia indígena, demostraciones todas de que el terrorismo de Estado y los demás componentes del proyecto político y económico de la ultraderecha “pueden ser derrotados si se logra un amplia movilización social y popular organizada” para la lucha por el acuerdo humanitario y la paz democrática con justicia social y económica.

El Congreso también destacó el gran significado que tiene el Polo Democrático Alternativo y reafirmó el compromiso del Partido de “continuar construyendo el Polo, de hacerlo una fuerza coherente y consecuente de la izquierda colombiana, con voluntad de poder, a tono con las demandas y aspiraciones sociales y populares, que aglutine las más amplias expresiones organizadas del pueblo colombiano” y se constituya en la fuerza política para la transformación democrática del país, y acordó proponerle al Segundo Congreso del Polo la precandidatura presidencial del doctor Carlos Gaviria Díaz.

En la plenaria final fueron aprobados, igualmente, por unanimidad, numerosos saludos especiales, entre los cuales destacamos los relativos a la Minga indígena, a las luchas obreras y populares, a los presos políticos, a los campesinos, a los afrodescendientes, a los jóvenes, a las mujeres, a los defensores de derechos humanos, al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y a la conmemoración del 80 aniversario de la “Masacre de las Bananeras”, lo mismo que a los gobiernos y pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El Congreso eligió mediante el voto de sus delegados el nuevo Comité Central, de 55 miembros principales y 5 suplentes, que, a su vez, eligieron el Comité Ejecutivo Central, integrado por 13 principales y 2 suplentes, al tiempo que el compañero Jaime Caicedo Turriago fue proclamado por unanimidad para continuar en la Secretaría General del Partido.

El desarrollo exitoso del Congreso es un aliciente para continuar en las tareas de reconstrucción, para mejorar el trabajo en todos los campos y para hacer del Partido una fuerza decisiva en las luchas por construir una nueva sociedad.

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2008

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