lunes, 27 de octubre de 2008

Indicios graves en caso Soacha



EL rumbo que está tomando el escándalo por las circunstancias poco claras en que se produjeron las muertes de alrededor de una veintena de jóvenes del sur de Bogotá y del vecino municipio de Soacha, que fueron reportados por el Ejército como abatidos en combate apenas días después de haber sido, al parecer, reclutados por representantes de grupos armados ilegales, amenaza con dar lugar a uno de los capítulos más negros de la Fuerza Pública en los últimos años.

Las sospechas iniciales que se cernían sobre los reportes castrenses en que se daba cuenta de esas muertes poco a poco han crecido debido a los datos arrojados por el avance de las investigaciones que tanto la Fiscalía, la Procuraduría como la propia Inspección General del Ejército adelantan sobre el delicado asunto. De allí que la decisión el viernes pasado del comando de esa institución militar de separar de sus cargos a tres altos oficiales vinculados a la Brigada Móvil número 15 que opera en los Santanderes, así como la advertencia de que “existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”, permiten avizorar que lo ocurrido con las personas desaparecidas al sur de la capital del país puede estar comportando crímenes de extrema gravedad.

La mera formulación de la hipótesis creciente de que pudo haber una trama de miembros aislados de la Fuerza Pública para engañar a civiles y convencerlos de enrolarse en actividades ilegales, para luego darles muerte en estado de indefensión y hacerlos pasar como abatidos en combate, resulta aterradora. Y el efecto de la misma catastrófico para un Ejército que en 2008 ha dado, sin duda alguna, golpes históricos contra las Farc, como lo fueron el operativo que permitió dar de baja al cabecilla alias Raúl Reyes y la histórica Operación Jaque que llevó a rescatar sanos y salvos a 15 secuestrados, encabezados por Ingrid Betancourt y tres norteamericanos. Incluso, la reconfortante noticia del regreso a la libertad ayer del excongresista Óscar Tulio Lizcano, luego de que el jefe de la cuadrilla que lo custodiaba decidió fugarse con él y entregarse a las tropas oficiales, al parecer en busca de las recompensas ofrecidas por el gobierno, termina siendo opacada por la gravedad del caso Soacha.

Lastimosamente el esfuerzo decidido y valiente de miles de hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos se ve afectado por escándalos de la dimensión del que se presume explotará en toda su dimensión una vez terminen las pesquisas por las desapariciones y muertes de las personas del sur de Bogotá.
En medio de las duras controversias entre el Ejecutivo colombiano con Human Rigths Watch y a un mes largo del examen de derechos humanos al que Colombia aspira a someterse en las Naciones Unidas, nada más contraproducente y lesivo para el país que un nuevo caso de “falso positivo” con varias muertes de por medio.

Es claro que a nadie se le puede condenar sin haber sido vencido en juicio y que hasta entonces prima la presunción de inocencia, más aún de oficiales que tienen una larga carrera en la Fuerza Pública. Sin embargo, el hecho de que tres coroneles hayan tenido que ser separados de sus cargos y que incluso se esté estudiando la posibilidad de sacarlos de las filas, es ya un elemento indiciatorio muy diciente sobre lo preocupante que se ha encontrado durante las investigaciones en curso.

Lamentablemente los avances en materia de respeto a los derechos humanos que se han logrado en los últimos años al interior de las Fuerzas Militares y de Policía están en riesgo de sufrir un revés muy duro, sobre todo en un caso que tiene ya un gran eco en nivel internacional. En medio de esa difícil coyuntura no queda camino distinto a acelerar las pesquisas sobre lo ocurrido con estas desapariciones y muertes. El país debe conocer toda la verdad y el peso de la ley caer con toda su drasticidad en quienes incurrieron en estos crímenes y, si se confirma la presunta participación de uniformados, mancharon el honor militar.



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