COMUNICADO DEBATE DE LIBERTAD SINDICAL

DEBATE DE LIBERTAD SINDICAL REALIZADO EL MARTES 15 DE ABRIL DE 2008SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

Comunicado Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos.

El debate de libertad sindical desarrollado durante la Sesión Plenaria del día martes 15 de abril, tras una espera superior a un año para su realización, puso en evidencia que la Libertad Sindical sigue siendo un derecho ampliamente vulnerado en nuestro país. Las palabras vacías del Ministro de Protección Social no logran desvirtuar la evidencia contundente acerca de lo riesgoso que en este país resulta ejercer un derecho fundamental. Basta observar algunos detalles concretos del debate para comprender mejor la anterior afirmación.

En el tema de la violencia contra dirigentes sindicales, demostramos que durante los últimos 20 años han ocurrido 8973 violaciones contra la integridad física y moral en contra de los integrantes del movimiento sindical. De las violaciones, las más frecuentes son las amenazas, las cuales no se han reducido durante la administración de Uribe.

Es cierto que durante 2007 se redujo la tasa de asesinatos, pero esta cifra no puede tenerse como una razón suficiente para pensar que este gobierno ha brindado garantías reales en el ejercicio de la libertad sindical. En primer lugar porque en lo corrido del 2008 ya han sido asesinados 16 dirigentes sindicales, lo que equivale a cinco asesinatos por mes, proporción igual a la presentada en el 2005 y 2006 cuando fueron asesinados más 70 trabajadores y trabajadoras en el país. La segunda razón, es que si bien en el 2007 pudieron reducirse los asesinatos, otro tipo de violaciones se mantuvieron, como ocurre con las amenazas, los desplazamientos forzados y los hostigamientos (seguimientos, presencia de personas extrañas en los lugares de habitación y trabajo de los miembros de las organizaciones sindicales).

Luego la reducción de las muertes se puede explicar también por el hecho de que los trabajadores han sido víctimas de un amedrentamiento, producto del cual ya no es necesario en todos los casos matar al dirigente sindical, basta con hacerle saber que su vida está en riesgo para lograr el efecto de disuasión que buscan los grupos de ultraderecha asociados al gran capital.Pero más allá de estas argumentaciones, no debemos olvidar que la muerte de una sola persona producida como retaliación por el ejercicio de un derecho fundamental es preocupante, y no podemos aceptar el argumento cínico de que la reducción de la tasa de asesinatos es un buen escenario. En una verdadera democracia NADIE puede morir por ejercer un derecho fundamental.

Tras el debate resulta igualmente evidente que la proporción de muertos que el movimiento sindical en Colombia ha puesto es, vergonzosamente, el más alto del mundo. Basta nuevamente observar los datos estadísticos al respecto.
Los resultados de la violencia en contra del sindicalismo han producido efectos igual de nocivos en las libertades sindicales. La tasa de afiliación sindical en nuestro país bordea un impactante 4,7%. Esta tasa, la más baja en 60 años, es producto de la propagación de las cooperativas de trabajo asociado, las cuales sí han contado con el apoyo del Ministerio de Protección Social quien deliberadamente ha asumido una actitud perniciosa a la hora de controlar este tipo de organizaciones que se han convertido en intermediarias laborales.

Pero también es el resultado de la normatividad expedida por el Ministerio de Protección, que mediante Resoluciones 1651 de 2007 en apariencia derogada por la Resolución 626 de 2008, le entrega facultades de interpretación analógica a los inspectores de trabajo, mediante las cuales esos funcionarios pueden negar la inscripción de los sindicatos cuando consideran que se han constituido con fines diferentes del derecho de asociación. Norma tan abierta y ambigua, deja abierta la posibilidad para que los funcionarios del ministerio nieguen la inscripción si consideran que el sindicato se constituyó con el fin de garantizar la estabilidad laboral.En el campo del derecho a la negociación la situación no es diferente.

El Gobierno Nacional sigue limitando este derecho mediante la permisividad con los empleadores que proponen pactos colectivos, al permitirles que consagren derechos más altos a los establecidos en las convenciones colectivas. Igualmente, continúa restringiendo la negociación colectiva de los empleados públicos pese a la ratificación del Convenio 151 de la OIT.

Así mismo, promueve los tribunales de arbitramento obligatorio incrementando la ilegal figura de los contrapliegos patronales.En cuanto al derecho de huelga, lo que se observó tras el debate es que en el Gobierno Uribe han proliferado las declaratorias de ilegalidad de las huelgas en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en aquellos lugares en los que han sido asesinados un mayor número de dirigentes sindicales.

Esto a su vez demuestra que los asesinatos de trabajadores en el país no es solamente un producto más del conflicto armado, sino el resultado de una estrategia de aniquilamiento progresivo del movimiento sindical, propiciado por el mismo Gobierno, que con declaraciones tendenciosas pretende relacionar a los grupos guerrilleros con los trabajadores que ejercen su derecho de sindicalización.

Los cierto después de este debate, es que el gobierno nacional quiere al sindicalismo, pero sin sindicalistas, un sindicalismo silencioso y plegado al voluntarismo uribista, dependiente y restringido a las migajas económicas y legales que el gobierno nacional quiera darle.

Quedó demostrado igualmente, que los hechos contundentes como la muerte de 16 sindicalistas en lo corrido del año, tal y como lo muestra el artículo más reciente al respecto publicado en la revista Semana, son hechos ciertos sobre los que el Ministro puede dar muchas vueltas pero que finalmente no puede ocultar.

Puede que a muchos colombianos el Ministro de Protección les siga mintiendo y ellos se lo crean ingenuamente o por la insensibilidad que caracteriza la conciencia del nuevo “humanismo militarista” de Uribe, pero a la comunidad internacional no le puede seguir ocultando la realidad. De ser así, no tendría el Gobierno Nacional tan enredado el TLC con Estados Unidos, país en el que se han opuesto precisamente porque no es clara la relación del gobierno con el paramilitarismo y cómo es que esta relación ha liderado el aniquilamiento del movimiento sindical.Ese tipo de sindicalismo que el gobierno Uribe busca no es el de una verdadera democracia, sólo es el de la fachada progresista con el cual este gobierno de manera retórica se pretende legitimar ante Colombia y el mundo. El verdadero interés del Gobierno Uribe respecto del sindicalismo, es el de hacerle creer a los colombianos que éste es un enemigo del progreso económico y del desarrollo, que no le ofrece nada a los trabajadores y que además está asociado con grupos armados.

Nada más lejano de la realidad. El sindicalismo es una expresión de la democracia, no de otra manera se explica que su sustento normativo a nivel constitucional y del derecho internacional sea la forma jurídica del derecho fundamental.Por todo lo anterior, llamamos a la concientización y solidaridad del pueblo colombiano, a un despertar democrático que comprenda que el sindicalismo es una pieza fundamental en las democracias reales; un canal de expresión y confrontación racional y deliberativa, cuya garantía redundará en el bienestar general, pues en tanto el sindicalismo busca mejorar los niveles de ingreso y participación de los trabajadores y las trabajadoras, se aumenta la capacidad de demanda general, y de esa manera todos ganamos.