jueves, 24 de abril de 2008

CONSTANCIA

La Universidad Nacional afronta por estos días una crisis preocupante que pone en riesgo la vida y seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo que la integran. Los grupos paramilitares que resurgen a través de las Águilas Negras, como ellos mismos se han autodenominado, agreden de diversas formas a quienes ejercen su legítimo derecho a protestar por las decisiones que ha tomado las directivas de la universidad más importante del país.
No deja de ser preocupante hechos como los que ha denunciado el Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal acerca de los atropellos de los que han sido víctimas los estudiantes de la universidad. Los hechos brevemente se pueden ilustrar de la siguiente manera:
El día viernes 18 de Abril aparece colgado en la página del Centro de Medios Independientes de Colombia INDYMEDIA – COLOMBIA, la Alerta Temprana realizada por el Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal, en la cual se denuncian las violaciones a las libertades democráticas por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.
Como reacción a esa Alerta Temprana, aparece un comentario encabezado “FUERA, FUERA, FUERA”, fechado en el mismo día 18 a las 3:21 de la tarde y firmado por alguien que se autodenomina “El Gavilán Mayor”, quien profiere amenazas de muerte contra los estudiantes que han liderado la movilización y que hacen parte de los diferentes movimientos estudiantiles de las universidades públicas. Adicionalmente, el repudiable pasquín acusa a los estudiantes de tener vínculos con la guerrilla, estrategia de calumnia y señalamiento que parece un eco de los irresponsables comentarios del asesor presidencial Gaviria y de otros altos funcionarios de Gobierno que acusan sin cesar a los movimientos sociales contradictores del Gobierno Uribe de ser aliados de la guerrilla.
La amenaza señala con nombres propios a los estudiantes Diego Marín, Johany Duarte, David Flórez Ballesteros y Manuel Vargas, para quienes deben brindarse medidas de protección especial, comenzando por la Fiscalía General de la Nación, que debería adelantar una investigación exhaustiva por las amenazas de las que han sido víctimas estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Nacional.
Es pertinente aclarar, que este conflicto se suscita por la decisión inconsulta y antidemocrática que ha tomado la rectoría y el Consejo Superior de la Universidad, al querer imponer un reglamento estudiantil que contraría los principios de la autonomía universitaria y la participación de los diferentes sectores en la construcción de las normas y los criterios que posibilitan la convivencia.
El contenido del reglamento estudiantil impuesto por el Acuerdo 008 de 2008, en líneas generales, implica un sacrificio de la calidad en aras de la cantidad. Un ejemplo concreto de lo anterior lo constituye la decisión tomada por las directivas de limitar las posibilidades de los estudiantes de tomar materias de contexto o electivas por la presión de no “gastar” sus créditos.
Igualmente, el sistema de créditos genera una figura semejante a la selección adversa. Esto sucede porque coloca en la misma situación a un estudiante que vive en ciudades como Bogotá y que ha tenido una educación formal de mayor calidad con estudiantes que ingresan a la Universidad por el Programa de Admisión Especial (PAES), como es el caso de los estudiantes indígenas, afro y de los municipios más pobres del país. El problema radica en que mediante el sistema de créditos los estudiantes del programa, que deben avocar un proceso natural de adaptación a la ciudad y al entorno de la Universidad, presentan un mayor índice de pérdida de asignaturas, lo que en un sistema de créditos se traduce para estos estudiantes en una rápida expulsión de la universidad.
Con el tiempo, la universidad pública sólo será un espacio para los estudiantes con mejores niveles de educación a nivel medio, cerrando el espacio de participación a los estudiantes de la provincia, a los indígenas y a los afro, aumentando las exclusiones y la inequidad que cada vez está más acentuada en el país, ya que sin educación de calidad para los miembros de esas comunidades su marginación será más profunda.
Son varios los aspectos del reglamento que ponen en riesgo los principios constitucionales que rigen el derecho a la educación, y por ser este el espacio de una constancia no me puedo extender en ellos. No obstante, hago un llamado a que el proceso de adopción de ésta, como de cualquier otra norma, garantice los derechos de participación de la totalidad de los estamentos que componen la universidad. Eso implica comenzar por el respeto que las directivas de la Universidad deben guardar para la Asamblea Triestamentaria, pues desconocerla como interlocutor válido es un atentado a la participación pluralista que consagra el artículo 2º de la Constitución Política, según el cual todos tenemos el derecho a participar especialmente en las decisiones que nos afectan.
Me solidarizo con el llamado que hacen los diferentes estamentos de la Comunidad Universitaria, y me uno a voces como las de Carlos Gaviria Díaz, para insistirle a la Ministra de Educación, al CSU y la Rectoría de la Universidad Nacional, y por supuesto, al Presidente Uribe, para que desista en su ánimo de privatizar la educación del país, comenzando por la del nivel superior. Así mismo, para que respeten la protesta legítima de la comunidad universitaria, garanticen el derecho a la vida y sobre todo al disenso, y entiendan que el unanimismo y la polarización a la que peligrosamente invita el Gobierno, amenaza la democracia y las libertades básicas de un Estado Social de Derecho.
Atentamente

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República

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