Un triste comienzo
El primer estudiante asesinado por las balas oficiales fue Gonzalo Bravo Pérez, quien cayó en Bogotá el 8 de junio de 1929. 25 años después, el 8 de junio de 1954, la fuerza pública asesinó al estudiante Uriel Gutiérrez. Este horrible hecho generó una marcha el día siguiente, 9 de junio de 1929. Ese 9 de junio sobre la carrera séptima, quedaron los cuerpos sin vida de Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucich (peruano), Hernando Morales, Rafael Chávez Matallana, Jaime Moure Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo León Vásquez y Jaime Pacheco. Desde entonces los nombres son cada vez más…
Los paramilitares y su guerra contra “los guerrilleros disfrazados de universitarios”
A mediados de la década de 1980, con la implementación y consolidación del proyecto paramilitar en el país, los procesos organizativos políticos y sociales se vieron fuertemente afectados: los opositores del gobierno, las organizaciones sindicales, campesinas, barriales, la militancia partidaria de izquierda y el movimiento estudiantil fueron blanco de la máquina del terror paramilitar.
El máximo punto de persecución al estudiantado se vivió a partir de los años 90, en los que la violencia estatal y paramilitar no dio tregua en su lucha contra la universidad. Estudiantes, profesores y trabajadores sindicalizados de diferentes universidades fueron asesinados, detenidos arbitrariamente o desaparecidos. Por esos años, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emprendieron una cruzada contra lo que consideraban “la infiltración guerrillera en la universidad”. Los blancos fueron la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Sucre, la Universidad Nacional, entre otras. Con cinismo y descaro esta persecución a las organizaciones estudiantiles, sociales y gremiales que desarrollaban su actividad en el interior de los claustros fue reconocida por los comandantes “paras” en diferentes comunicados, textos y alocuciones, en las cuales también reafirmaban su cruzada contra “los guerrilleros disfrazados de universitarios”.
Con esta monstruosa tesis, las AUC condenaron a pena de muerte a los estudiantes Gustavo Alonso Marulanda García, Adriana Fernanda Benítez Perugache, Humberto Contreras Sereno, Reinaldo Serna, Gerson Gallardo Niño, Edwin Ariel López Granados, Marlyn De la Osa, y muchos más cuyos nombres hoy se nos escapan de la memoria.
La impunidad en el caso “Museo” - UFPS
Hace cinco años, en Cúcuta, paramilitares del Bloque Catatumbo de las AUC, con apoyo de integrantes de las FFMM y la Policía Nacional, segaron la vida de dos activistas estudiantiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, desplazaron forzadamente a otros más (incluyendo a un profesor) y cercenaron un proceso organizativo del estudiantado, que sólo hasta ahora esta volviendo a reconstruirse. En ese entonces las AUC identificaron como “integrantes de la guerrilla” a sus objetivos.
El día jueves 3 de abril de 2003, el estudiante de Licenciatura en Biología y Química, Gerson Gallardo Niño fue victima de desaparición forzada. Luego de cumplir con sus compromisos académicos, el estudiante fue abordado por dos hombres, que se identificaron como miembros de las AUC, a la salida de la sede central de la UFPS. Gerson fue representante y dirigente en su carrera. Conocido por su amor y dedicación al arte, el teatro, y la cuentería, estuvo vinculado a la mesa de trabajo de la ACEU en la UFPS y formaba parte del comité editorial de la revista estudiantil Museo.
Después de dos meses de retención, los paramilitares le dieron muerte, hallándose su cuerpo sin vida el día 6 de junio en el kilómetro 18 de la vía que del municipio de Tibú conduce al corregimiento de La Gabarra. Los asesinos, como parte de los mecanismos utilizados para garantizar la impunidad en el crimen, pintaron en el cajón donde dejaron el cuerpo de Gerson las siglas de un grupo guerrillero.
La complicidad entre Fuerza Pública y AUC, hoy en día reconocida por los comandantes Mancuso, “El Iguano” y “El Pecoso”, también se vio reflejada en este caso, pues el traslado de Cúcuta a La Gabarra implica el pasar, por lo menos, por cinco controles de la Policía Nacional, y esta vía es constantemente patrullada por el ejército. En ese entonces en el departamento tenia jurisdicción la Quinta Brigada.
Otra de las víctimas de la guerra sucia y el terrorismo de estado fue Edwin Ariel López Granados, quien terminó materias correspondientes al programa de Tecnología Electromecánica. Durante sus estudios formó parte de los grupos institucionales de danza y teatro, estaba vinculado como docente a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario (coordinador cultural de educación a distancia) en la UFPS, y era estudiante del programa de Filosofía en la Universidad de Pamplona. Fue objeto de desaparición forzada la madrugada del día domingo 13 de abril, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados (alrededor de 10 hombres) irrumpieron en el hogar de familiares en la ciudadela de Atalaya, Cúcuta, donde Edwin acostumbraba a pasar los fines de semana en compañía de su familia y su hijo Sebastián. Después de violentar las entradas a la vivienda, de requisar y tomar algunas pertenencias del joven y de la vivienda, procedieron a llevárselo en un carro con rumbo desconocido. Dos meses después de su desaparición forzada, fue encontrado su cuerpo sin vida, junto al de su compañero Gerson. Edwin era reconocido en el ámbito cultural de la ciudad, fue profesor de danzas folclóricas de varias instituciones educativas, coordinaba el taller de literatura y escritura para niños entre los 5 y 10 años en el Área Cultural del Banco de la República y al igual que Gerson era un amante de las artes y las letras, fue fundador de la mesa de trabajo ACEU en la UFPS y de la revista Museo.
Estos dos crímenes estaban dirigidos a desarticular y desestabilizar el proceso organizativo del estudiantado de la UFPS, que tenía en la mesa de trabajo ACEU y en Museo sus más grandes referentes. La muerte de Gerson y Edwin desestabilizaron el escenario estudiantil en la UFPS. Hoy en día en esta universidad el estudiantado es un sujeto pasivo de las transformaciones y procesos que se gestan en esta alma mater y en la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, se carece de un medio de comunicación estudiantil. Desde las directivas y representaciones estudiantiles no se ha propuesto (en lo que comúnmente se conoce como “silencio cómplice”) ningún tipo de actividad que permita recordar y conmemorar el asesinato de los dos estudiantes, en lo que busca claramente eliminar de la memoria colectiva y de la historia oficial estos hechos. Es evidente que la paramilitarización de Norte de Santander incluía el copamiento del espacio universitario local y regional, para lo cual se debía silenciar cualquier voz de inconformidad y crítica que desde la UFPS pudiera salir, evidenciando que los crímenes contra el estudiantado no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia de guerra sucia, que como en el caso concreto contó con el apoyo (por lo menos logístico) de la fuerza pública, estrategia de quienes quieren mantener y perpetuar un modelo de país. El asesinato de Gerson y el de Edwin continúan en la impunidad.
El Presidente y su guerra contra “los terroristas disfrazados de universitarios”
El presidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho alarde una y otra vez de su condición de egresado de la universidad pública, en lo que él considera todo un ejemplo de superación para las nuevas generaciones. Universidades donde, según él, ha habido, de tiempo atrás, presencia guerrillera, reiterando una y otra vez que en la universidad se “esconde el terrorismo disfrazado de estudiantes y profesores”, misma tesis con la que actuaron (AUC) y actúan (Águilas Negras, Nueva Generación, etc.) los grupos paramilitares en los claustros educativos:
“Yo fui un estudiante de la universidad pública en los años 70, recuerdo la guerrilla. La única cátedra posible que permitían era la dictadura del proletariado, todo lo que fuera la apología de la lucha violenta de clases, todo lo que fuera la destrucción del estado de derecho, todo lo que fuera la destrucción del pluralismo, todo lo que fuera la instauración de su dictadura del proletariado, del modelo económico de la socialización de los medios de producción en cabeza del estado […] Practicaron la combinación de las formas de lucha: la guerrilla […] penetraba el movimiento estudiantil”. (Álvaro Uribe Vélez, 4 de junio de 2008, Cartagena)
El pasado 29 de mayo el presidente, refiriéndose a hechos sucedidos en la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) señaló:
“[E]l gobierno y la fuerza pública tienen información de que hay generadores de violencia en las universidades, conectados con los grupos terroristas. Eso no lo permitimos […] la violencia universitaria se acaba porque se acaba”.
Posteriormente en Cartagena, el 4 de junio, ante unos estudiantes universitarios de la Costa Atlántica (cuyas universidades se vieron fuertemente golpeadas por el accionar paramilitar), el presidente, molesto, declaró:
“En muchas ciudades colombianas se han judicializado personas […] por actos violentos, porque muchos, o unos pocos, hicieron muchos daños, vinculados con la guerrilla, infiltrados por la guerrilla […] Estos jóvenes (refiriéndose a los manifestantes allí presentes) tienen todas las libertades en Colombia, menos la libertad de hacer violencia. Quería dejar eso en claro […] para que aquellos que tienen nostalgias de violencia, se olviden de la violencia”.
Para generalizar, sobredimensionar situaciones puntuales, darle un carácter nacional, y un tratamiento acorde a una problemática de tal magnitud (tal vez para más adelante tener argumentos para ilegalizar organizaciones estudiantiles nacionales o perseguir a sus dirigentes), Uribe afirma:
“Yo agradezco toda la tarea de la Policía Nacional […] Lo reciente de Neiva es una tragedia, lo reciente de Cali es una tragedia, lo de hoy aquí en la Universidad Pedagógica […] La Policía debe entrar, por orden directa del presidente, a cualquier recinto universitario donde haya violencia, de inmediato, no permitir esa violencia y detener a todos los generadores de violencia […] Sea en la Universidad Nacional, en la Pedagógica. Sea en la Universidad del Valle del Cauca, sea en la Universidad Nacional de Medellín, sea en la Universidad de Córdoba, en cualquier universidad” (29 de mayo de 2008).
Parece que el presidente, en sus intervenciones, pretendiera justificar el poder dar un tratamiento de “grave perturbación del orden público” (Art. 213 Constitución Política) a las jornadas de protesta y disturbios que se presentan en las universidades colombianas, lo que implica, entre otras, atribuciones extraordinarias para los agentes estatales (por ejemplo uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional) y normatividad especial para superar dicho estado de perturbación, lo que se traduce en la posibilidad de que la “seguridad democrática” aplique al interior de los claustros universitarios.
Las AUC arremetieron a nivel nacional contra la universidad, el Presidente Uribe también, el estudiantado y los universitarios en general tienen una larga lucha por delante y pareciera que la violencia, no de la universidad, sino contra la universidad, no tuviera fin, y el enemigo del movimiento estudiantil hoy no fuera directamente el paramilitarismo, sino el presidente, quien condena al movimiento estudiantil y al estudiantado crítico a perecer.
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